«Si lo que hemos imaginado aquí funciona, habremos inaugurado una fase completamente nueva en la gestión del problema migratorio». Era el 5 de junio y faltaban pocos días para las elecciones europeas cuando la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, viajó por sorpresa hasta el puerto albanés de Shengjin para anunciar la conclusión de la construcción de la primera estructura del centro de internamiento, que permitirá a Italia externalizar la gestión del flujo de inmigrantes que llegan al país transalpino a través del Mediterráneo gracias a un acuerdo bilateral con Albania.
El protocolo entre Roma y Tirana –inspirado en la propuesta fallida del ex primer ministro británico Rishi Sunak de deportar a Ruanda a los «sin papeles»– fue firmado en noviembre y debía estar operativo el 1 de agosto, según anunció Meloni esa mañana. Sin embargo, con las obras aún a medias debido a «factores impredecibles», la inauguración tendrá que esperar.
En concreto, el acuerdo contempla el derecho a utilizar dos zonas, una en el puerto de Shengjin y otra en el de Gjader, a 20 kilómetros de distancia. En esta última, una antigua base militar utilizada por la CIA en los años noventa, Italia está construyendo tres estructuras diferentes. La primera tendrá 880 plazas para acoger a los solicitantes de asilo, que solo podrán permanecer 28 días. El segundo, con 144 plazas, será un centro de detención donde esperarán a ser repatriados. Y el tercero será una pequeña prisión con 20 plazas. Los tres centros serán administrados por las autoridades italianas, mientras que la Policía albanesa realizará actividades de vigilancia en el exterior. En cualquier caso, solo podrán ser trasladados allí los inmigrantes rescatados en aguas internacionales por barcos italianos, excepto mujeres, niños y personas vulnerables.
A los inmigrantes se unirán 500 unidades de personal italiano, entre policía, militares, funcionarios de los ministerios de Justicia y Sanidad. Su mantenimiento costará a las arcas públicas unos 252 millones de euros, según calculó Openpolis. Los viajes desde Lampedusa hasta Shengjin serán sufragados por embarcaciones privadas a cambio de 13,5 millones de euros, mientras que la gestión de la acogida en los centros corresponderá a la cooperativa Medihospes, que se adjudicó el contrato con una oferta de 133,8 millones de euros. En total, los costes de gestión a cargo de Roma tendrán un valor de más de 650 millones de euros durante los cinco años que prevé el acuerdo.
Recientemente, el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, señaló que las puertas abrirán «en cuestión de semanas» y reivindicó con orgullo la línea de «firmeza» en contrastar la inmigración irregular. Según los últimos datos oficiales, las llegadas al país transalpino descendieron más del 60% en los últimos 12 meses: 35.725 personas llegaron en 2024, frente a las más de 94.000 que lo hicieron en el mismo periodo del año anterior. Una cifra en línea con las registradas en 2021 y 2022, cuando al frente del Gobierno se encontraba Mario Draghi. Sin embargo, las autoridades italianas advierten que los números podrían aumentar en los próximos meses a la luz de los disturbios que se están registrando en Bangladés.
A pesar de la crisis política en la que está sumido el país asiático, el Gobierno italiano lo incluyó recientemente en la lista de naciones consideradas seguras, es decir, donde no existe persecución política ni religiosa y se respetan los derechos humanos. Esto permitirá rechazar las peticiones de asilo de los inmigrantes procedentes de la región, que solo en los primeros seis meses del año fueron más del 27% del total de los que desembarcaron en las costas italianas.
Una estrategia que, junto con el decreto que dificulta las operaciones de rescate de las ONG en el Mediterráneo y el acuerdo firmado con Albania, constituye el ADN de la política migratoria implementada por el Gobierno ultraderechista italiano. «Una violación de derechos, una auténtica deportación», denunció la oposición, que bautizó el proyecto de Meloni como el «Guantánamo italiano».
«Cuando Italia llama, Albania responde», comentó en una entrevista el primer ministro albanés, Edi Rama, que se ha enfrentado también a las críticas dentro de su país. El líder socialdemócrata asegura estar agradecido por la acogida hace tres décadas de los albaneses que buscaron refugio en Italia tratando de escapar de la dictadura comunista.
