El Gobierno de la Ciudad de México publicó este viernes en la Gaceta Oficial el decreto de la ‘Ley Paola Buenrostro’, que impone hasta 70 años de cárcel para quienes asesinen a una persona trans “por razones de identidad o expresión de género”.
Así, la Ciudad de México se convirtió en la segunda entidad federativa del país en promulgar esta ley, luego de Nayarit el pasado 1 de marzo.
El jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, detalló que la ley, que fue aprobada en el Congreso de la Ciudad de México el pasado 18 de julio, incorpora el delito de transfeminicidio en el Código Penal local, con penas de 35 a 70 años de prisión.
Aunque la sanción puede ser mayor, “se podrá agravar hasta en una tercera parte más” de la pena prevista, bajo ciertas circunstancias, puntualizó Batres.
Las causales son “cuando la víctima presente señales de saña, cuando el delito sea cometido en el contexto de trabajo sexual, por dos o más personas, en presencia de una o más personas con quienes la víctima tuviera un vínculo de parentesco”.
También cuando la víctima sea menor de edad, adolescente, persona con discapacidad, adulta mayor, en situación de calle o haya recibido amenazas de muerte relacionadas con su identidad o expresión de género, ya sea de forma presencial o virtual, apuntó Batres.
“El nuevo tipo penal dice lo siguiente: ‘Comete delito de transfemicidio quien, por razón de identidad de género o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se encuentre dentro del espectro femenino de género”, indicó.
El diputado Temístocles Villanueva, del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien en 2021 presentó al congreso capitalino la iniciativa, celebró la reforma como un logro que atribuyó a las activistas trans de la Ciudad de México.
“Hoy tenemos la responsabilidad de avanzar aún más, no todas las luchas están libradas, ni todas las causas están conquistadas, quedan muchas deudas”, agregó el congresista.
La activista Natalia Lane, sobreviviente de transfeminicidio, urgió “una justicia que no solo castigue, que no solo incorpore causales de agravantes, incorpore años de cárcel” a los agresores, sino que también “repare, que sane, que acompañe a las víctimas y a las sobrevivientes”.
Asimismo, Lane denunció que la Ciudad de México “no ha tenido los esfuerzos para garantizar la reparación y la no repetición a las mujeres trans, a las transmasculinidades y a las no binariedades”.
En ese sentido, la activista Kenya Cuevas exhortó al jefe de Gobierno “a poner atención en la Comisión de Atención a Víctimas, porque el comisionado actual revictimiza y abandona a las víctimas”.
El delito de transfeminicidio se refiere al asesinato de mujeres transgénero o personas trans femeninas debido a su identidad y expresión de género.
Esta ley lleva el nombre de Paola Buenrostro, una trabajadora sexual transgénero que fue asesinada en 2016 por Arturo Felipe Delgadillo Olvera, quien confesó haberla matado tras escuchar su voz y saber que era una mujer trans.
Ciudad de México vive una oleada de violencia contra las mujeres trans en 2024, pues desde que comenzó el año se han contabilizado al menos diez asesinatos de mujeres trans en la capital mexicana, lo que aumentó la presión para la aprobación de una ley que permita judicializar correctamente este tipo de casos.
Según advierte la organización civil Letra S, Sida, Cultura y Vida, el 65 por ciento de las 66 víctimas de crímenes de odio contra personas LGBTI en el país el año pasado eran mujeres trans, sumando 43 casos.
