Cuando en 1975 Lorne Pringle Ross Ashey y Agnes May Spencer llegaron a un acuerdo con el Estado para que parte de sus tierras fueran destinadas a la conservación de la naturaleza en el valle de Santa Ana, no imaginaron que 50 años después, en el 2024, nuestros gobernantes no hubieran todavía cumplido a cabalidad con su deseo y que una diputada de gobierno, Pilar Cisneros Gallo, estaría tratando de destruir esa finca y convertirla en algo que ellos nunca quisieron.
Él era costarricense de pura cepa, a pesar de su nombre anglosajón, y ella, inglesa, a la que había conocido en Inglaterra. Lorne fue uno de los descendientes de Robert Ross Lang, ingeniero canadiense que vino a colocar las primeras plantas eléctricas en nuestro país y que en 1869 adquirió una gran hacienda en lo que es hoy el distrito Uruca del cantón de Santa Ana.
A lo largo de varias generaciones, esta hacienda no solo se dedicó a la agricultura, sino también a la conservación de la naturaleza propia de la región y de una vieja construcción del siglo XVIII, que es en este momento una de las más antiguas de la época colonial que se mantienen en pie en el Valle Central, y que tuvo varias funciones a lo largo de la historia, entre ellas la de albergar la primera capilla alrededor de la cual se reunían los feligreses católicos y ser también el punto de salida que escogieron los santaneños que fueron a luchar contra los filibusteros en 1856.
El último deseo de Lorne y Agnes fue que esa propiedad que dieron al Estado costarricense fuera destinada a la conservación de la naturaleza, y así lo manifestaron en una carta que aún se conserva y que dirigieron a sus vecinos. Durante muchos años, esa finca pasó de mano en mano entre varias instituciones del intrincado aparato burocrático costarricense que, en su conocida incapacidad de administrar bien algo, la mantuvo abandonada y olvidada.
Luego algunos políticos vivillos la entregaron en concesión a una fundación privada, formada por gente cercana a esos mismos políticos y que no la manejaron mejor que el MAG y el Minae antes de ellos. Esos terrenos fueron administrados por Fundazoo, bajo el nombre de Centro de Conservación Santa Ana, recientemente cerrado.
La comunidad de Santa Ana, con la cual Lorne convivió durante años, supo siempre a qué debía ser destinada, y la reclamó como parte del patrimonio público que sus vecinos querían disfrutar. Durante casi 30 años en que estuvo en manos privadas, los ciudadanos santaneños fueron una y otra vez a pedir a las autoridades locales y nacionales que se respetara la voluntad de Lorne y se destinaran esas 54 hectáreas al disfrute de la comunidad local en la forma de un parque natural urbano que tanto se necesitaba en el cantón.
Hace dos años esa misma comunidad se acercó a la Asamblea Legislativa y pidió a varios diputados que presentaran un proyecto de ley que hiciera cumplir finalmente las aspiraciones no solo ya de Lorne, sino también de la comunidad que, sin distingo político-partidario, había esperado tantos años para poder disfrutar esos terrenos convertidos en un parque natural urbano único en el país.
Fue así como se presentó el proyecto de ley 23645 que crea el Parque Natural Urbano Lorne Ross y lo entrega en administración a la Municipalidad de Santa Ana, y la obliga a consensuar con el Minae un plan de manejo para su desarrollo.
Mientras ese proyecto avanzaba en la Asamblea Legislativa, la jefa de fracción de gobierno, Pilar Cisneros, en su acostumbrada forma de actuar, llena de soberbia y desconocimiento, empezó a mencionar que ella desea que ahí se construya un parque de fuentes de agua que ella quiere copiar de uno ya existente en Lima, Perú.
Es así como empezó a oponerse al proyecto de parque natural urbano que respeta la voluntad del donante, que protege los recursos naturales que ahí existen y que conserva el patrimonio histórico-arquitectónico que dio origen a esa hacienda de la familia Ross. Pero además de eso, ignora y desprecia la voluntad de una comunidad santaneña que durante muchos años pidió a las autoridades que desarrollaran el terreno para el disfrute de todos.
En su errático proceder, la diputada Cisneros ha plagado su propuesta, que niega que sea suya y pretende endilgársela al Minae, de medias verdades. Habla de partir en dos un terreno que forma una unidad natural indivisible, que sirve de corredor biológico entre el río Virilla y los cerros de Escazú, y que así ha sido establecido por la misma Sala Constitucional con base en estudios técnicos, porque en algún momento se planteó destinar el terreno a la sede del Proyecto Gol, hace una década.
Pilar Cisneros Gallo, haciendo uso de su instrumento más frecuente como buena sofista y demagoga que es, ha tratado de enredar algo que está muy claro, no solo legalmente, sino consensuado por la población santaneña que fue la que impulsó este proyecto.
En su anhelo por destruir, atribuye al Minae ser el supuesto impulsor de su muy personal proyecto de fuentes de agua —en una comunidad donde escasea este recurso— y ha hecho aparentemente que se gasten $30.000 de fondos públicos en un anteproyecto que no hemos visto. En una de sus intervenciones en el plenario, ella misma manifestó que el plan costaría $19 millones.
No solo no ha presentado un proyecto alternativo, sino que ha amenazado con boicotear el que está ya en la Asamblea Legislativa llenándolo de mociones. ¿Por qué tanto interés de Pilar en esta ocurrencia limeña? ¿A quién se le daría en concesión la construcción y administración de dicho lugar? ¿Por qué tanta obcecación y capricho?
Como un camaleón, Pilar ha ido diciendo una cosa y la contraria sin ruborizarse. Hoy, asegura que ella no tiene nada que ver con eso de las fuentes de agua; mañana, no sabemos qué dirá.
Parafraseando al gran político de la antigua Roma Cicerón, en la primera de sus famosas catilinarias, pregunto a Pilar: ¿Hasta cuándo abusarás, Pilar, de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros? ¿Cuándo acabará esta desenfrenada osadía tuya?
El autor es asesor legislativo, integrante del movimiento comunal de Santa Ana Pro Parque Natural Urbano Lorne Ross.
