Insostenibilidad presupuestaria y polarización política es una mezcla terriblemente peligrosa para las políticas públicas necesarias para enfrentar –con éxito– los diversos y complejos retos que tiene en frente la democracia costarricense.
Secularmente las políticas públicas costarricenses han enfrentado las dificultades que representa, para una sociedad, soñar en grande y proponerse ambiciosas metas en materia de desarrollo económico y social sin definir apropiada y, sobre todo, con franqueza y realismo, cómo éstas deben ser financiadas de manera sostenible.
De esta forma durante décadas, la sociedad costarricense fue capaz de imaginar futuros compartidos con mejoras en términos de riqueza y equidad para los que se requerían políticas públicas ambiciosas que –sin idealizaciones excesivas– puede reconocerse resultaron exitosas y condujeron a resultados que, en el contexto regional –y sin chovinismo– contribuyeron a construir cierta excepcionalidad en el patrón de desarrollo económico y sobre todo social y político costarricense.
Pero, por desgracia, algunos errores y descuidos se cometieron en medio de esos indudables éxitos: la financiación de estas políticas nunca fue planteada con responsabilidad y equidad de manera que los presupuestos se tornaron deficitarios y el endeudamiento insostenible, los programas y las intervenciones gubernamentales se durmieron en sus laureles y no supieron reaccionar a los inevitables cambios sociales y económicos y, además, las instituciones públicas y su quehacer terminó, en no pocas ocasiones, capturado ilegítimamente por intereses específicos que, con sus accionar, terminaron de profundizar los problemas y conducir finalmente a una crisis no sólo financiera sino sobre todo de credibilidad y confianza en la promesa democrática.
Al final del día, más allá de no pocos, dolorosos e insuficientes esfuerzos por realizar los ajustes necesarios para sortear una crisis presupuestaria en ciernes, la ausencia de reformas honestas que restituyeran a las instituciones y políticas públicas la capacidad de responder satisfactoriamente a las demandas legítimas de las ciudadanías ha terminado socavando la confianza en la capacidad de la convivencia democrática de cumplir la promesa realizada en el pasado.
Ante esta compleja y decepcionante realidad la respuesta de los liderazgos y de las élites –de todo tipo y signo– ha sido, cuando menos, decepcionante. En respuesta a los problemas y a las crisis no sólo han sido indolentes, sino que particularmente egoístas y miopes al dedicarse a proteger, recuperar o ampliar sus parcelas de poder y aprovecharse del descontento y la indignación de las ciudadanías para manipularlas con fines electorales sembrando posverdad y polarización disfrazadas de cambio y de solución a los problemas.
En este contexto el cóctel para el desastre económico y social, pero, sobre todo, democrático está servido.
No sólo en nombre de un ajuste presupuestario mal entendido y ejecutado –que se ha construido no con el objetivo de dar sostenibilidad a las políticas públicas sino para agradar a los mercados financieros– se están desfinanciando los programas gubernamentales más importantes y fundamentales para el bienestar y la equidad presente y futura sino que, con el fin de explotar los réditos electorales y políticos de la polarización y el enfrentamiento, se usan como armas en absurdas luchas tribales o como moneda de cambio en oscuras negociaciones no sólo políticas públicas claves sino que además los derechos y los espacios para la igualdad de oportunidades de grupos significativos de las ciudadanías.
El futuro no puede lucir más desesperanzador: no sólo se deja pasar el tiempo sin hacer los cambios y tomar las acciones requeridas, sino que, además, se retrocede con desparpajo en ámbitos en que ninguna sociedad democrática y plural debería permitirse, ni siquiera, un titubeo y mucho menos un paso atrás.
