El mercado del azúcar en Costa Rica opera como un cártel en el proceso de producción y comercialización, donde se establecen precios no competitivos para los consumidores, de acuerdo con la normativa vigente, reveló un estudio del sector elaborado por la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom), presentado este viernes.
El análisis señala que una de las principales barreras a la competencia en el sector azucarero es el “funcionamiento análogo al de un cártel en la producción: coordinación y reparto de la producción entre los ingenios, con una cuota nacional de producción de azúcar por la que se pagan precios superiores a los competitivos”.
Un cártel se define como un acuerdo o práctica concertada entre empresas competidoras con el objetivo de restringir, manipular o controlar el mercado. “Los cárteles se consideran una de las formas más graves de colusión anticompetitiva, ya que atentan contra la competencia y perjudican a los consumidores al elevar precios, reducir la calidad, limitar la oferta o restringir la innovación”, explicó a La Nación, Guillermo Rojas, presidente de la Coprocom.
Asimismo, el Estudio de Mercado de la caña de azúcar y sus derivados en Costa Rica indica que la Ley N.° 7818, Ley Orgánica de la Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar, vigente desde setiembre de 1998, determina una organización cerrada, horizontal y verticalmente integrada, que coordina la actuación de todos los actores del sector azucarero en Costa Rica, lo que restringe la competencia.
Este estudio de mercado, el primero que elabora Coprocom este año, también califica a la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), ente público no estatal que aglutina a los productores e ingenios, como “un agente con poder sustancial de mercado capaz de cerrar la entrada a nuevos actores”. El informe destaca que Laica tiene una participación en el mercado casi absoluta, así como la posibilidad de fijar precios unilateralmente o de restringir, de forma sustancial, el abastecimiento en el mercado relevante, sin que los demás agentes económicos puedan contrarrestar ese poder.
Consultados al respecto, Laica respondió que harán un análisis de los resultados del estudio de mercado para ofrecer su criterio sobre la información compartida.
“En Laica, tenemos más de 80 años velando por el mantenimiento y crecimiento de un régimen equitativo entre los productores de caña y los ingenios de azúcar, así como por garantizar una participación justa y un desarrollo óptimo del sector. Esta es una responsabilidad que sin duda asumimos con gran compromiso por el desarrollo de Costa Rica y de nuestros grandes y pequeños productores”, indicó la gremial por medio de la oficina de comunicación.
María Fernanda Viecens, consultora del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), quien estuvo a cargo de la conducción del estudio, confirmó que el sector azucarero de Costa Rica “hoy está funcionando como lo que conocemos como un cártel en la producción; es algo habilitado por la ley, es legal, pero hay un reparto de la producción por la que se pagan precios superiores a los competitivos”.
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La producción de caña de azúcar en la zafra 2022-2023 se estimó en 3,42 millones de toneladas métricas, según el estudio. El 60,8% se destinó al consumo interno, el 32,7% a exportaciones, el 3,65% a la producción de etanol y el 2,95% a otros productos de exportación.
Viecens, aseveró que el esquema de funcionamiento de Laica es único en el mundo. “Tiene una participación en el mercado casi absoluta, la posibilidad de fijar precios unilateralmente o de restringir de forma sustancial el abastecimiento del mercado sin que los demás agentes económicos puedan contrarrestar ese poder”.
En Costa Rica, según el marco legal vigente, los ingenios y los productores independientes se reparten la cuota nacional de producción y definen el precio. En el país hay 11 ingenios, pero solo 10 operan productivamente. El mayor porcentaje de la producción (60%) se concentra en la provincia de Guanacaste.
Si producen por encima de la cuota establecida, ingenios y productores reciben un precio “extracuota”. “El precio de cuota lo calcula Laica y el extracuota es el precio internacional, es más competitivo. El diferencial es muy alto, en algún momento ha sido hasta del 86%”, refirió Viecens, durante la presentación del estudio.
Viecens destacó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el gasto en consumo de azúcar es mayor en los hogares con menores ingresos. “Si en Costa Rica se está pagando un precio más alto por el azúcar, está impactando en los hogares de menos ingresos”, subrayó.
Por otro lado, expresó que la industria azucarera en Costa Rica muestra ineficiencia productiva en comparación con otros países de la región y falta de eficiencia en la asignación del producto. Esto se refleja en precios minoristas y mayoristas más altos respecto a otros países, lo que impacta tanto en los hogares como en la industria de alimentos que utiliza el azúcar como insumo.
Viecens también refirió que la distorsión de precios generada por la normativa vigente estaría reduciendo los incentivos para el uso del azúcar en la elaboración de etanol (combustible). “Artificialmente hay un incentivo más alto para producir azúcar, cuando probablemente sería más eficiente destinar una mayor cantidad a la producción de etanol. Corregir estas distorsiones podría tener un impacto medioambiental”.
Añadió que la única competencia a la que se enfrenta el azúcar nacional son las importaciones. El arancel a las importaciones de azúcar en Costa Rica es del 45%, un nivel que la consultora consideró alto en comparación con otros sectores. Además, en los últimos años se han impuesto barreras a la importación, como la prohibición de permitir la fortificación con vitamina A fuera del país y la aplicación de medidas antidumping, que aumentaron los niveles de protección entre 2017 y 2022.
El estudio también recomienda la liberalización de la producción y comercialización de alcoholes y licores para que el mercado sea más competitivo. Refirió que el único comprador de alcohol producido por Laica es la Fábrica Nacional de Licores (Fanal), la cual es también el único productor de rones crudos y alcohol etílico para la elaboración de licor.
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Por su parte, el economista Ricardo Monge, presidente de la Academia de Centroamérica, opinó a título personal sobre los resultados del estudio, señalando que el 84% de los productores de azúcar en Costa Rica son de pequeña escala y no se benefician del proteccionismo en la actividad azucarera, ya que generan una fracción pequeña de la producción. Añadió que el esquema proteccionista impacta en los niveles de pobreza y en el incremento de la desigualdad.
Viviana Blanco, comisionada de la Coprocom, indicó que a partir del estudio, la entidad emitirá una opinión en la que se establecerán recomendaciones a las autoridades del gobierno. “Se está propiciando una serie de conductas que son penadas por las autoridades de competencia en muchos países; no solo es un esquema proteccionista, sino que invita a la colusión (acuerdo para limitar la competencia)”, afirmó Blanco.
Las opiniones de la institución no son vinculantes, según lo establece la normativa vigente; sin embargo, las instancias públicas que las reciben tienen la obligación de justificar si se apartarán de las recomendaciones en los 30 días naturales posteriores a su recepción, explicó Blanco. Este estudio de mercado forma parte de los compromisos que adquirió el país con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
