El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) negó que haya aprobado el financiamiento del proyecto Orosi II, diseñado para abastecer de agua potable a 638.000 personas, a partir de ideas plasmadas en una servilleta.
Así lo aclaró la entidad ante consultas de La Nación, luego de que el presidente del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada Espinoza, afirmara en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, el pasado 8 de agosto, que dicho proyecto nació con un “pecado original”.
“Nos hipotecaron, a nuestros hijos y a nuestros nietos, con créditos basados en ideas plasmadas en una servilleta. Es decir, proyectos que no habían cumplido con las etapas necesarias para determinar su verdadero impacto y factibilidad”, afirmó Quesada en referencia a Orosi II.
El jerarca señaló que el plan, al igual que otros del AyA, fue concebido sin contar con estudios adecuados, aseveración que derivó en múltiples críticas de los legisladores, quienes catalogaron el manejo del proyecto como un “desastre” y una “vergüenza”.
El Instituto dejó perder el crédito por $399 millones destinado a iniciar las obras al permitir que venciera el plazo establecido por el BCIE, según se informó en julio de 2023.
Las manifestaciones de Quesada contrastan con los procedimientos que el Banco aseguró seguir para otorgar financiamiento.
La entidad indicó que realiza un proceso “riguroso y exhaustivo” de debida diligencia en el que se evalúan los aspectos técnicos, financieros, legales, económicos, ambientales y sociales de los proyectos, basándose en criterios y estándares internacionales propios de la banca multilateral.
Aclaró que, para que un proyecto sea considerado, el cliente (ya sea el gobierno o una entidad autónoma) debe presentar una base sólida de estudios de factibilidad, entre otros, los cuales son sometidos a evaluación como parte de la documentación requerida para la solicitud de financiamiento.
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Además, en el caso de Costa Rica, los proyectos deben contar con la aprobación previa del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y del Banco de Proyectos de Inversión Pública, entidades encargadas de definir el nivel de madurez de la propuesta para autorizar la gestión del financiamiento.
Una vez concluido el análisis interno, el crédito es sometido a la evaluación y votación del Directorio del Banco, compuesto por representantes de los 15 países miembros. Si es aprobado por mayoría, se otorga al cliente un plazo para cumplir con las autorizaciones requeridas por la normativa nacional y suscribir el contrato de crédito.
Tomás Martínez Baldares, expresidente del AyA (2021-2022), respaldó la postura del BCIE al asegurar que el proyecto Orosi II, oficialmente denominado Proyecto de Abastecimiento para el Acueducto Metropolitano Quinta Etapa (PAAM), se fundamentó en estudios completos, incluyendo un estudio de factibilidad entregado al Directorio de esa institución regional.
Según Martínez, el proceso de formalización incluyó la justificación final de indicadores financieros basada en el diseño planteado y en la población beneficiada, siguiendo las sugerencias de Mideplán.
El exfuncionario negó rotundamente que el proyecto se basara en ideas improvisadas en una servilleta y atribuyó la paralización de la iniciativa a decisiones de naturaleza política.
Además, subrayó que Orosi II es un proyecto estratégico para Costa Rica, ya que no solo garantizaría la continuidad y calidad del servicio, sino que incrementaría el suministro de agua en 2,5 metros cúbicos por segundo, casi el doble de la capacidad actual.
Martínez concluyó que este aumento en el suministro eliminaría en definitiva el déficit de agua que actualmente afecta a los usuarios de la zona metropolitana mediante racionamientos periódicos.
