Lorena Quintana, la elegida de Guido Manini Ríos para ser su candidata a vicepresidenta.
Lorena Quintana, candidata a la vicepresidencia por Cabildo Abierto (CA), destacó la importancia del electorado en su último comentario en la plataforma X, al señalar que “la gente debe saber a quién le da poder con su voto; yo se lo doy a un defensor de la vida”. Estas declaraciones surgen en el contexto del debate sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Uruguay, suscitada tras una intervención de la Cátedra de Ginecología de la Facultad de Medicina.
Estos profesionales consideran que uno de los problemas de la normativa actual es la limitación de tiempo para abortar, establecida hasta las 12 semanas de gestación y extendida hasta 14 semanas en casos de violación.
Un artículo del periódico El Observador recopiló opiniones de ginecólogos sobre esta regulación, señalando que la restricción de semanas podría haber salvado la vida de una adolescente de 16 años, víctima de explotación sexual, quien falleció tras una cesárea por parto prematuro.
Quintana, desde su perspectiva, afirmó que desde la entrada en vigor de la ley de IVE en 2012, se han practicado “100.000 abortos” en el país. Expresó que sin la legalización del aborto, “hoy habría 100.000 niños que tendrían menos de diez años”.
Además, visibilizó su desconcierto sobre lo que estima más preocupante: el apoyo de la academia y políticos a la extensión de las semanas de aborto o el “silencio de quienes deberían levantarse y defender la vida”.
Enfatizó la necesidad de preguntar a los precandidatos sus opiniones sobre el tema antes de las elecciones: “La gente debe votar sabiendo a quién le da poder con su voto; yo se lo doy a un defensor de la vida”, recalcó.
Por otro lado, Guido Manini Ríos, candidato presidencial de CA, centró su agenda en el ámbito económico durante un reciente evento organizado por la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.
Durante su discurso, Manini señaló que “la principal víctima de las políticas que se vienen aplicando es la clase media”, un sector que, según él, ha sufrido las consecuencias de priorizar acuerdos con grandes empresas en detrimento de las pequeñas y medianas.
El aspirante presidencial enfatizó que era necesario dar prioridad a las empresas nacionales y criticó la reducción de la jornada laboral y la derogación potencial de la reforma de la seguridad social. Manini también propuso la revisión del sistema tributario, especialmente el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), argumentando que actualmente castiga más a quienes trabajan más, en lugar de quienes tienen mayores recursos.
El candidato sugirió que se reconsidere el “gasto tributario”, que representa cerca del 7% del PIB de Uruguay, para redistribuir los recursos de manera más equitativa. Abogó por permitir deducciones específicas del IRPF para gastos familiares, transformándolo en un impuesto aplicado correctamente sobre la renta.
Manini subrayó la necesidad de transformar el IRPF, afirmando que, “sin lugar a dudas, el IRPF es un impuesto a que trabaja más”. Propuso que al incluir deducciones pertinentes por alimentación y educación de los hijos, el sistema fiscal podría volver a alinearse con sus principios originales, como un verdadero impuesto a la renta en lugar de un tributo sobre el trabajo.
