A través de una medida elaborada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger; el presidente Javier Milei derogó los decretos que creados durante distintas etapas del kirchnerismo que obligaban al Estado Nacional a elegir a Banco Nación, Optar, Nación Seguros e YPF para las contrataciones públicas específicas.
Esto significaba que, por ejemplo, si un área de la Administración Pública Nacional deseaba contratar un seguro, la única oferente debía ser Nación Seguros S.A., una de las seis empresas que integran el Grupo Banco Nación.
La decisión sobre este caso particular había sido efectivizada a través del Decreto 823/2021, durante la presidencia de Alberto Fernández. Según esa norma -ahora derogada-, las áreas debían "implementar la contratación de las pólizas de seguros que requieran en el ejercicio de su gestión a través de Nación Seguros S.A. en todas las ramas en las que esa institución opera".
En su momento, el jefe de Estado había justificado la medida porque Nación Seguros "es un importante referente en el mercado asegurador argentino, con una estructura financiera y técnico administrativa, suficiente para garantizar la rápida respuesta a los requerimientos que en materia de coberturas le planteen".
El expresidente Alberto Fernández, uno de los investigados por la causa de los seguros.
De parte de la administración actual, quien salió a hablar fue el ministro Sturzenegger, que marcó que "tan grotesco era el sistema que se contrataba a un 'bróker' para que logre una contratación que era obligatoria por ley".
La referencia no es casual. Hace meses que la Justicia federal comenzó a investigar los cobros de comisiones de bróker e intermediarios -que eran cercanos al expresidente - en contratos de seguros en los que participaba Nación Seguros. La creación de ese decreto habría beneficiado a la secretaria privada de Fernández, María Cantero, y a su esposo y bróker de seguros, Héctor Martínez Sosa. La causa sigue con la investigación del fiscal Ramiro González.
¿Cuáles son los efectos del decreto firmado por Milei e ideado por Federico Sturzenegger? Por lo pronto, los contratos y convenios vigentes seguirán en curso; pero a su vencimiento pasarán a incorporarse al régimen en el que podrán evaluarse tanto a Nación Seguros como a otras compañías del rubro.
A través de un relevo de los procesos iniciados en COMPR.AR, el sitio oficial de contrataciones de la Administración Pública Nacional, El Cronista pudo constatar que entre el 21 de agosto de 2023 y la misma fecha del año corriente, hubo un total de 50 convenios efectivizados entre el Ejecutivo y Nación Seguros.
De ese grupo, 46 de estos procesos son en pesos argentinos y 4 son en dólares. Estos van para aseguraciones de todo tipo: desde seguros de incendio y robo para instalaciones, contra accidentes personales de algunas áreas estatales, hasta para flotas automotores, drones y aeronaves; entre otras.
De todos los procesos hechos en el último año, el más costoso fue iniciado en diciembre, siendo descripto como "Contratación interadministrativa con NACIÓN SEGUROS S.A. p/contratar seguros automotores ATM". Su costo fue de $ 513.355.923,04; tres veces superior al segundo convenio más caro. Este proceso se inició el 1 de diciembre de 2023, a nueve días de que la administración de Unión por la Patria dejara el Ejecutivo.
El área responsable de pedir el seguro fue el entonces Ministerio de Educación, que tiene tres de los cuatro convenios más costosos del último año y todos iniciados entre noviembre y diciembre del año pasado.
Los otros son "Contratación interadministrativa con NACIÓN SEGUROS S.A. para contratar seguros del ME" y "Contratación interadministrativa con NACIÓN SEGUROS S.A. p/contratar seguros AP e integrales ATM", con costos de $ 86.401.947,41 y $ 83.568.491,16, respectivamente.
El segundo convenio más caro tuvo lugar en la actual gestión y con el RENAPER como el ente iniciador, con un costo de $ 173.364.345,67 por 12 meses de vigencia. El proceso se titula "CONVENIO INTERADMINISTRATIVO RENAPER - NACIÓN SEGUROS S.A.", habiendo sido iniciado el pasado 24 de julio.
La suma de los 46 convenios que se pactaron en el último año computa la cifra de $ 1.071.248.689,57. Esto no tiene en cuenta los procesos iniciados en moneda extranjera, todos en dólares estadounidenses. Son cuatro en total y todos fueron pedidos por el Ministerio de Seguridad gestionado por Aníbal Fernández.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, no renovó los convenios en dólares con Nación Seguros.
De todos los trámites en dólares iniciados en la gestión anterior, el más caro es uno de u$s 1.694.157,02 para asegurar por ocho meses a las unidades de aeronavegación de la Policía Federal Argentina. En ese orden, le siguen un seguro igual para la Gendarmería de u$s 69.787,83 por siete meses; una renovación de u$s 54.354,99; y un seguro para la aeronave Cessina P210N, Matrícula LVIVM de u$s 13.638,38.
A excepción de este último, todos los demás ya finalizaron el plazo estipulado en el contrato y no fueron renovados por la actual gestión del Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. El Cronista contactó a voceros oficiales de la funcionaria para entender el motivo de la decisión, pero no habían contestado hasta la publicación de la nota.
