Presidente Nacional de Coparmex
Hoy enfrentamos como país momentos de riesgo para nuestro presente y futuro político, económico y social.
Por un lado, vemos cómo el partido mayoritario ha acelerado un proceso para aprobar el dictamen correspondiente a la reforma al Poder Judicial, sin el diálogo y análisis puntual que requiere cada elemento de nuestro sistema de justicia, y de la propia propuesta impulsada por el actual presidente de la República.
También hemos visto cómo los diálogos nacionales realizados en diversas entidades han generado mayor controversia y cuestionamientos que espacios para reflexionar, proponer y diagnosticar la situación con apertura y una visión integral del acceso a la justicia. Lo cual ha generado incertidumbre, propiciando que trabajadores del Poder Judicial Federal en 28 entidades hayan entrado en huelga por el miedo a ver afectados sus derechos laborales.
Mientras tanto, en las comisiones de la Cámara de Diputados ya avanza un dictamen que, aunque tuvo modificaciones, éstas no descartaron temas tan riesgosos como la elección por el voto popular de jueces, magistrados y ministros, sin cuantificar todos los efectos en el tipo de perfiles que llegarían, en los costos y el esfuerzo institucional que implicaría. Y tampoco contempla temas tan relevantes como el papel de cada institución dentro del proceso de impartición de justicia, las defensorías públicas, la situación de los poderes judiciales estatales y la carrera judicial.
En este sentido, a pesar de los múltiples esfuerzos de organismos empresariales, de sociedad civil y academia, así como de grupos políticos de oposición, no se han abierto espacios para dialogar y presentar evidencia, mientras el partido mayoritario busca aprobar esta reforma en las próximas semanas, antes de que empiece la próxima legislatura.
A pesar de ello, desde Coparmex les presentaremos los resultados de los tres diálogos que organizamos en CDMX, Jalisco y Monterrey, donde hemos podido conocer y analizar las perspectivas de expertos en diversos espacios vinculados a la impartición de justicia y función judicial, integrando propuestas muy valiosas que esperamos sean consideradas.
Y por el otro lado, tenemos el riesgo de la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, la cual, con la aprobación del INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, implicaría un retroceso para la democracia nacional, pues se estaría vulnerando la voluntad expresada por la ciudadanía en las urnas, se limitaría la pluralidad y se subordinaría la función de los partidos de oposición en el Congreso, dejando camino libre a que la fuerza política mayoritaria decida sin dialogar con las otras fuerzas políticas, incluso, en temas tan importantes como la aprobación de reformas constitucionales.
En Coparmex consideramos que el espíritu constitucional es claro y que valoren el espíritu y finalidad de la Constitución, partiendo de las dos limitantes esenciales plasmadas en el artículo 54: ningún partido puede tener una representación mayor al 8% ni contar con más de 300 diputados en total, y dichas limitantes deben ser aplicables tanto a partidos políticos como a coaliciones que actúan como una sola fuerza política, por lo que no es posible que a una coalición que obtuvo el 54% de votos se le asigne el 75% de curules, además de que esto iría en contra de la voluntad de la ciudadanía que votó por un Congreso con equilibrios, y no garantizaría una representación justa.
Nos parece imposible que una coalición que obtuvo el 54% de votos en la elección del pasado 2 de junio pueda llegar hasta 75%, generando sobrerrepresentación de una fuerza política en la Cámara de Diputados y subrepresentación de la otra (relegando a la oposición hasta a 25% de espacios, a pesar de haber obtenido el 46% de votos), y lo más preocupante es que esto se traduciría en que la oposición tendría muy pocas posibilidades de participar del diálogo, la negociación y la construcción de decisiones de gran impacto como lo es una reforma constitucional.
Nos ha costado décadas construir instituciones que permitan contar con contrapesos en el ejercicio del poder y cumplimiento de la Constitución y las leyes que de ella emanan. Precisamente la representación proporcional existe para asegurar la presencia de las minorías en la toma de decisiones, y así garantizar pluralidad política, justicia y equidad.
En estos momentos de riesgo, necesitamos más diálogo, más propuesta y más voluntad para retomar el camino que nos permita atender los graves problemas que enfrentamos sin aceleración y sin considerar todos sus efectos.
Además, en una democracia como la nuestra, es indispensable que todas las voces seamos consideradas, y el diálogo y la escucha sean la base para lograr una reforma totalmente enfocada en mejorar el Poder judicial y garantizar el acceso a la justicia a todas las personas.
El aprobar la reforma con este enfoque y aceleración representa una amenaza para la estabilidad y la certeza jurídica en nuestro país, donde la justicia, el Estado de derecho y la certeza jurídica son la base del crecimiento y desarrollo.
No podemos dar ningún paso hacia atrás; dialoguemos y trabajemos juntos para lograr la aprobación de una reforma con más diálogo y menos prisa, que nos permita lograr un mejor Poder Judicial que el que hoy tenemos, que posibilite la coordinación institucional, que fortalezca los poderes judiciales locales y consolide la carrera judicial. Por un Poder Judicial independiente, profesional y con grandes resultados.
La democracia siempre va a enfrentar intentos de concentrar el poder. Por ello, necesitamos fortalecer las instituciones, en lugar de debilitarlas.
