Un paso adelante. La fiscal suprema Delia Espinoza, a cargo de la fiscalía suprema especializada en casos de corrupción, decidió aplicar y adecuar la investigación preliminar que se sigue a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, a los nuevos parámetros jurídicos que establece la Ley N° 32108 sobre la definición de crimen organizado.
A través de la disposición 61, notificado a las partes el 16 de agosto último, la fiscalía suprema atribuye a Benavides Vargas ser la coordinadora principal de una organización que tiene como proyecto criminal cometer delitos contra la administración pública -cohecho, tráfico de influencias, colusión- con fines económicos.
La actividad criminal de esta organización sería "la comercialización de la facultad persecutora del Ministerio Público y aprovechar los recursos económicos y personales del Ministerio Público", en busca de un beneficio monetario personal y del presunto grupo delictivo, lo que podría resumirse en un "tráfico ilícito de fiscales".
Esta organizado se habría formado en mayo de 2022 cuando Benavides Vargas postulaba ante la Junta Nacional de Justicia para convertirse en fiscal suprema titular, lo que al mes siguiente le permitió asumir la dirección del Ministerio Público, en calidad de fiscal de la Nación. La organización seguiría activa.
La fiscalía sostiene que esta organización mafiosa estaría integrada por 26 personas, incluyendo a Patricia Benavides, congresistas, fiscales, abogados, empresarios, funcionarios públicos y periodistas.
Entre los congresistas que formaría parte de esta red ilícita se menciona a Martha Moyano, Patricia Chirinos, Katy Ugarte, Edgar Tello, Waldemar Cerrón, José María Balcázar, Germán Tacuri, entre otros.
Además, de sus principales colaboradores como fiscal de la Nación, Jaime Villanueva Barreto, Miguel Girao Isidro y Abel Hurtado y los abogados José Luis Hauyón, José Luis Castillo, Jefferson Moreno y Claudia Ruiz Mesías, entre otros.
La adecuación de la investigación a la nueva legislación sobre crimen organizado o precisión de imputaciones realizada a Benavides Vargas se conoció durante la audiencia de impedimento de salida del país, que desarrolló el juez supremo Saúl Peña Farfan.
Con esta decisión, la fiscalía suprema Delia Espinoza buscó adelantarse a los cuestionamientos y recursos que podrían presentar los abogados defensores de Benavides y algún otro de los implicados para adecuar la investigación a la nueva normativa legal sobre el delito de crimen organizado.
El abogado Christian Salas, a cargo de la defensa de Benavides, mostró su inconformidad con la resolución de adecuación realizada por la fiscalía y anunció que en su momento presentaran los recursos necesarios ante el Ministerio Público y el Poder Judicial.
"No está realizando una adecuada tipificación de crimen organizado y no precisa los roles coordinados entre sí que habrían cumplido cada uno de los integrantes de esta presunta organización. No los tenían antes en abril y no los tienen ahora", indicó el abogado de Benavides.
Christian Salas recordó que ellos no han aceptado la competencia de la fiscalía suprema a cargo de la fiscal Delia Espinoza para investigar este caso, aunque precisó que si participan en todas las diligencias que se vienen realizando.
La defensa de Benavides considera que la investigación debería estar a cargo del fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena Campana, pero el titular del Ministerio Público declinó competencia, en este caso.
Al sustentar el impedimento de salida del país, el fiscal supremo adjunto Marcial Páucar Chappa explicó que a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides se le atribuyen seis presuntos hechos delictivos, el primero de los cuales, es precisamente su pertenencia a una organización criminal.
Además, 2) coordinar con el congresista José María Balcázar el apoyo del Congreso para su gestión en el Ministerio Público a cambio de archivar una investigación en su contra que se realizaba en las fiscalías de Chiclayo, y 3) coordinar con diversos congresistas la elección del Defensor del Pueblo con el objetivo de influir en la conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para el año 2025.
Igualmente, 4) coordinar con diversos congresistas la inhabilitación de la fiscal suprema Zoraida Ávalos para afianzar su poder en el Ministerio Público, 5) buscar la remoción de los integrantes de la JNJ para frustrar las investigaciones en su contra y, 6) la remoción de los fiscales Rafael Vela, José Domingo Pérez, Bersabeth Revilla y del Equipo Especial "Los Cuellos Blancos del Puerto".
La fiscalía ha pedido que se imponga impedimento de salida del país a Patricia Benavides para asegurar su sometimiento a las investigaciones. Su abogado respondió que no existen motivos para tomar esta medida en la fase de investigación preliminar, que aun debe pasar por el Congreso. El juez Saúl Peña dejó el caso listo para resolver.
