Sin sorpresas, la corte suprema de Venezuela convalidó el jueves la reelección del presidente Nicolás Maduro, que tachó el fallo de "contundente" en medio de denuncias de fraude y "judicialización" electoral de la oposición.
Maduro pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) "certificar" el resultado de las elecciones del 28 de julio, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo proclamó vencedor con 52% de los votos.
La oposición asegura haber ganado los comicios y acusa tanto al TSJ como al CNE de servir al chavismo.
La presidenta del TSJ y de la Sala Electoral a cargo del caso, Caryslia Rodríguez, leyó la sentencia que "certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida" los "resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024, emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros" para "el período constitucional 2025-2031".
"¡Santa palabra!", exclamó Maduro ante una multitud en La Guaira (norte) a la "sentencia histórica y contundente" del TSJ.
La magistrada citó un informe que concluyó que "los boletines emitidos" por el CNE "están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación" y "mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización". El fallo, subrayó, es inapelable.
El TSJ no dio detalles técnicos del peritaje, como por ejemplo el tamaño de la muestra analizada.
Liderada por María Corina Machado, la oposición asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó con 67% de los votos y publicó en una página web copias de las actas que, sostiene, lo prueban. El chavismo ha dicho que el material es "forjado".
"Intentar judicializar los resultados de las elecciones no cambia la verdad. Ganamos abrumadoramente (...) dictaron una sentencia para complacer al régimen" de Maduro, dijo el opositor en un video difundido en redes.
Juristas coinciden en que la acción del TSJ era improcedente, al sostener que la corte asume atribuciones que corresponden al CNE.
Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos desconocen la proclamación de Maduro para su tercer mandato de seis años. El canciller Yván Gil, presente en la sede del TSJ, pidió "respeto y no injerencia en asuntos internos".
"No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones", fustigó el presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, crítico de Maduro. Su homólogo uruguayo, Luis Lacalle Pou, coincidió en que el fallo sólo confirma un "fraude".
Una misión independiente de la ONU para evaluar la situación de derechos humanos en Venezuela afirmó que la máxima corte y el CNE "han desempeñado un papel dentro de la maquinaria represiva del Estado".
El TSJ dijo que el material electoral queda bajo su "resguardo" y exhortó al CNE a publicar en gaceta oficial los "resultados definitivos", sin pedir detalle mesa por mesa.
La autoridad electoral alega que no ha divulgado el escrutinio debido a un jaqueo que la máxima corte también convalidó. Su sitio web sigue caído, casi un mes después de la elección.
Maduro acusa a González Urrutia y Machado de promover la violencia e incitar un golpe de Estado, tras protestas que estallaron al conocerse el resultado con saldo de 27 muertos, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos. El mandatario pidió cárcel para ambos y la fiscalía abrió una investigación penal.
"Lo reto a que nos veamos en las calles y le de la cara a este país", dijo Maduro el jueves al opositor, en la clandestinidad al igual que Machado.
El TSJ declaró en desacato a González Urrutia por su negativa a acudir a las audiencias del peritaje y enfrentará "sanciones".
González Urrutia argumentó que se ausentó por estar en "absoluta vulnerabilidad por indefensión".
Maduro cuenta con la "lealtad absoluta" del alto mando de la Fuerza Armada, que ha descartado pedidos de apoyo de la oposición. "Venezuela tiene sus instituciones" y "están cumpliendo", reaccionó el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino.
El Parlamento, controlado por el chavismo, impulsa por su parte una serie de leyes que incluye una legislación contra el fascismo -término que Maduro suele usar para descalificar a sus adversarios- y una para regular las redes sociales. La plataforma X está bloqueada. Ya fue votada una ley de fiscalización de oenegés, criticada por activistas.
"Un fascista no puede ser candidato a ningún cargo de elección popular", zanjó el poderoso jefe del legislativo, Jorge Rodríguez, que propuso además una reforma a la ley de partidos políticos. "Si quieren entrar en el juego democrático lo primero que tienen que hacer es acatar esta sentencia".
Maduro dijo estar "de acuerdo" con la propuesta.
