Nicolás Maduro y sus aliados se encuentran en una encrucijada: continuar usando la violencia para aferrarse al poder o negociar una salida. Es probable que las circunstancias empeoren en vez de mejorar. Sin embargo, el desenlace de una dictadura pura y dura no es inevitable. Es en el mejor interés de Estados Unidos y los países de la región trabajar con la oposición venezolana unida para asegurar una transición de poder en los próximos meses.
Desde la elección del 28 de julio, el régimen de Maduro ha recurrido a su estrategia probada de represión y engaño. Ignorando las demandas internacionales de transparencia, Maduro no ha respaldado ni su alegación de un “ataque terrorista” al sistema electoral ni los resultados oficiales que lo declararon presidente.
Lo que hizo fue involucrar al Tribunal Supremo, que carece de independencia y facultades para revisar los resultados electorales. La validación por parte del tribunal de los dudosos resultados del también desacreditado Consejo Nacional Electoral es un claro ejemplo del uso de instituciones antidemocráticas para intentar legitimar el fraude electoral.
La respuesta de Maduro ha sido brutal, como era esperable de un régimen implicado en crímenes de lesa humanidad. Desde las elecciones, más de 20 personas han sido asesinadas, cientos han sido detenidas y otras han desaparecido o sido víctimas de abusos. El gobierno está trabajando activamente para sofocar el apoyo popular a la oposición. Esto incluye amenazas a través de redes sociales, anulación de pasaportes y enviar grupos armados progubernamentales para intimidar a los barrios de bajos ingresos que anteriormente apoyaron al régimen.
En respuesta, ha surgido un claro consenso internacional. Junto con Estados Unidos, países como Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay han reconocido formalmente a Edmundo González como ganador de las elecciones. Otras democracias han exigido una auditoría transparente y verificable de los resultados electorales, subrayando el escepticismo generalizado en torno a los resultados oficiales.
A primera vista, el llamado a reconocer a González como el legítimo presidente parece ser una repetición de la campaña de la oposición venezolana del 2019 para respaldar a Juan Guaidó como presidente interino. Sin embargo, la situación actual es notablemente diferente.
La presidencia interina del 2019 fue respaldada por apoyo internacional y acceso a activos venezolanos en el extranjero. A pesar de estos factores, el régimen de Maduro retuvo el poder de hecho y nunca cedió el control de las instituciones. Continuó recibiendo cierto grado de reconocimiento internacional, gracias a su controvertida “victoria” electoral del año anterior.
En el 2018, hubo elecciones ampliamente criticadas por no ser libres ni justas. Pero esta vez, el fraude pudo verificarse casi de inmediato, a través de una organización meticulosa de la oposición, testigos electorales y una recopilación exhaustiva de pruebas que muestran que, con el recuento del 83 % de las actas electorales, González había asegurado el 67 % de los votos, mientras que Maduro obtuvo solo el 30 %.
Auditorías independientes han corroborado la victoria de la oposición, confirmando que millones de venezolanos se movilizaron para votar por el cambio.
Esta vez, no se trata de respaldar un gobierno paralelo, sino de enfrentar un fraude electoral flagrante y apoyar la voluntad popular de los venezolanos. Se trata de favorecer una transición de poder al único gobierno que legítimamente merece asumir el cargo en enero.
Existen paralelismos notables entre la situación en Venezuela y las elecciones de agosto del 2023 en Guatemala y la asunción de Bernardo Arévalo como presidente en enero. El caso de Guatemala destaca la importancia de combinar la movilización de las fuerzas democráticas en el país con un compromiso internacional consistente, que logró contrarrestar los esfuerzos del poder y las élites económicas que buscaron evitar que Arévalo asumiera el cargo.
La corrupción, el abuso y la falta de instituciones independientes en Venezuela la sitúan en un nivel completamente diferente. Sin embargo, el difícil camino de Guatemala hacia la presidencia de Arévalo demuestra que, incluso frente a un gobierno corrupto que concentra el poder, es posible imaginar un cambio.
Si las democracias de las Américas pudieron respaldar la voluntad del pueblo guatemalteco más allá de la polarización política en la región, ¿por qué no pueden hacer lo mismo por los venezolanos?
Para que gobiernos como los de Brasil, Colombia y México desempeñen un papel constructivo, el punto de partida para cualquier conversación con las autoridades venezolanas debería ser defender la voluntad del pueblo venezolano. Aplicar un doble estándar en política exterior ayudaría al régimen de Maduro a ganar tiempo.
En Venezuela, una transición de este tipo requiere una negociación política que tendrá lugar en los próximos meses. Incluso si el régimen de Maduro intenta manipular las negociaciones para permanecer en el poder, como lo ha hecho antes, esta vez puede ser diferente.
El resultado dependerá de la capacidad de la oposición para mantenerse unida, aprovechando el capital político de María Corina Machado desde que ganó las elecciones primarias (posteriormente fue eliminada de la boleta electoral por el tribunal supremo controlado por Maduro) y su capacidad para conectarse con los venezolanos de a pie, incluidos muchos expartidarios del régimen.
Un segundo factor es si el pueblo de Venezuela podrá seguir protestando frente a la creciente represión. Mientras los líderes democráticos de la región —especialmente en Brasil, Colombia y México— vacilan sobre si condenar las tácticas antidemocráticas del régimen de Maduro, la ventana de oportunidad se está cerrando. La libertad de los venezolanos sufre con cada día de demora.
Finalmente, está por verse si la comunidad internacional puede articular una salida política viable para los que están en el poder. Será esencial pensar fuera de la caja y considerar cómo proporcionar incentivos legales a aquellos implicados en graves crímenes, desde violaciones de derechos humanos hasta corrupción, narcotráfico y lavado de dinero, para que abran una puerta a una transición.
Por primera vez en años, la oposición democrática venezolana se mantiene unida en una ruta electoral. Será esencial que la región se sume, tal como lo hizo en el caso de Guatemala. Ello requiere respaldar al pueblo venezolano, exigir firmemente al régimen que detenga la represión y no caer en la estrategia esperada del régimen para ganar tiempo mediante procesos institucionales que son una burla para la justicia.
Rebecca Bill Chávez es presidenta y CEO del Diálogo Interamericano.
Tamara Taraciuk Broner dirige el Programa sobre Estado de derecho de la organización.
Este artículo fue originalmente publicado en inglés por The Hill.
