La enigmática respuesta del ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, sobre la tardanza en emitir un decreto para recuperar 231,8 hectáreas de terrenos entregados a particulares en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe sur, se suma a otras confusas declaraciones para crear, o mantener, una nebulosa sobre la riqueza silvestre de la zona.
El borrador del decreto, elaborado por una comisión técnica integrada por ocho funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y del Área de Conservación La Amistad Caribe, fue avalado por la Asesoría Legal y el Departamento de Información y Regulación del Territorio del Sinac antes de su traslado al despacho del ministro, en mayo del 2023.
A lo largo de los 15 meses transcurridos, los terrenos y sus coberturas boscosas han carecido de la protección ambiental proporcionada por la incorporación a la reserva. En algunos se han producido talas y daños a los humedales. No obstante, las explicaciones del ministro son escuetas.
“Ese decreto no correspondía, imagino, a las delimitaciones que teníamos y a las respuestas que había dado el Sinac a la Sala IV”, afirmó ante preguntas del diputado Ariel Robles durante una comparecencia celebrada el 6 de agosto en la Comisión de Ambiente del Congreso. Ni en ese momento ni más adelante, cuando este diario le preguntó al respecto, identificó los estudios que ponen en duda los límites consignados en el borrador del decreto elaborado por la comisión del Sinac.
Vista la desprotección de los terrenos y la orden expresa de la Sala Constitucional de delimitarlos para reintegrarlos a la reserva, sería razonable esperar una pronta gestión del ministro para corregir los límites, si en efecto fuera necesario, y firmar un decreto con la información correcta, pero tampoco eso ha sucedido ni hay noticia de que esté sucediendo.
Por el contrario, en una comparecencia ante la Comisión Especial de la Provincia de Limón, con el ministro a su lado, Maylin Mora Arias, directora del Área de Conservación La Amistad Caribe, sembró duda sobre la orden de delimitar el área boscosa del refugio, con lo cual provocó una inusual reacción de los magistrados.
Mediante un comunicado de prensa, la Sala Constitucional reafirmó el contenido de la sentencia, cuyo texto reza: “Se ordena al Sistema Nacional de Áreas de Conservación que proceda, dentro del plazo de doce meses, contado a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el Boletín Judicial, a delimitar el área antes mencionada y, en conjunto con la Procuraduría General de la República, ejercer las acciones legales correspondientes en defensa del patrimonio público”.
El traslado a particulares de los terrenos cuya recuperación fue ordenada se hizo al amparo de la ley titulada Reconocimiento de los derechos de los habitantes del Caribe Sur, declarada parcialmente inconstitucional en cuanto a los territorios comprendidos por la zona boscosa mediante la sentencia citada, del 10 de julio del 2019. Es decir, ya pasaron cuatro años desde el cumplimiento del plazo de 12 meses concedido para la delimitación.
La urgencia de la nueva delimitación y de las gestiones para recuperar el área en ella incluida no admite duda. Mientras no ocurra, la enorme riqueza natural de la zona estará en peligro, pero el Ministerio encargado de asegurar su protección se limita a emitir confusas y enigmáticas declaraciones.
Si el decreto preparado por sus propios técnicos y avalado por los departamentos pertinentes “no corresponde”, al Minae sí le compete explicar con precisión los motivos e informar sobre las acciones emprendidas para cumplir el mandato de la Sala Constitucional, proteger el interés público y despejar, de una vez por todas, la nebulosa pendiente sobre la región.
