El proyecto de presupuesto ordinario del Gobierno Central para 2025, que el Ministerio de Hacienda entregará a la Asamblea Legislativa en los próximos días, aplicará la regla fiscal con un límite máximo del 3,75% en el crecimiento del gasto total del Sector Público No Financiero (SPNF), según confirmó la entidad. Este límite es superior al 3,53% aplicado en el presupuesto de 2024.
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, confirmó que la regla fiscal se aplicará con todas las excepciones establecidas por ley. Indicó que el límite máximo de la regla fiscal para 2025 fue comunicado a todos los ministerios y entes gubernamentales del SPNF, de acuerdo con lo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2024-2029. Respecto al aumento en el límite máximo en el crecimiento del gasto, el jerarca indicó que obedece al resultado de los cálculos con base en la mejora de los datos de crecimiento del producto interno bruto (PIB).
La regla fiscal, que impone un tope a la tasa de crecimiento del gasto corriente, se estableció mediante la Ley N.º 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, publicada en La Gaceta, el 3 de diciembre de 2018. La entrada en vigencia de la regla fiscal fue a partir del 1.º de enero de 2020.
Esta regla se define por medio de dos variables: el nivel de deuda del Gobierno Central como porcentaje del PIB nominal y el crecimiento promedio del PIB nominal de los últimos cuatro años anteriores a la formulación del presupuesto, en este caso de 2020 a 2023.
Según los datos registrados por Hacienda, el cálculo del límite de la regla fiscal para el presupuesto de 2025, basado en la primera variable, establece un monto de deuda del Gobierno Central de ¢28,76 billones respecto a un PIB nominal de ¢47,06 billones, resultando en un indicador deuda/PIB de 61,12%.
La Ley N.º 9635 establece cuatro escenarios para determinar el crecimiento del gasto corriente, en función del porcentaje de deuda respecto al PIB, que van del A al D.
Con base en los resultados del cálculo anterior de endeudamiento (61,12%), para 2025 se aplicará el escenario D, que según la Ley establece que “cuando la deuda al cierre del ejercicio presupuestario, anterior al año de aplicación de la regla fiscal, sea igual o mayor al sesenta por ciento (60%) del PIB, el crecimiento interanual del gasto total no sobrepasará el sesenta y cinco por ciento (65%) del promedio del crecimiento del PIB nominal.”
Según los cálculos de Hacienda, el promedio de crecimiento del PIB en los últimos cuatro años fue 5,78%. Dado que la regla fiscal se aplicará en el escenario D, donde el crecimiento del gasto no superará el 65%, el límite resultante es de 3,75% (el 65% de 5,78%).
Acosta indicó que la regla fiscal se aplicará con las exenciones establecidas en la ley, enumeradas en incisos ordenados alfabéticamente, según consta en el artículo 6 de dicho marco jurídico.
Al entrar en vigencia la ley, se establecieron solo tres excepciones, pero estas han aumentado mediante reformas legislativas. “Ese artículo hoy llega hasta el inciso ‘y’, ya gastaron el alfabeto”, comentó Elian Villegas, exministro de Hacienda. Consideró que la aprobación de estas exenciones ha debilitado la regla fiscal como instrumento de control del gasto público. Consultado al respecto, Acosta no había respondido al cierre de esta publicación.
La Contraloría General de la República (CGR) indicó en mayo pasado que la regla fiscal mostraba signos de agotamiento debido a los cambios normativos impulsados por el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa.
Villegas señaló que “la Asamblea Legislativa ha ayudado al gobierno a flexibilizar la regla fiscal, y esto se ha hecho en áreas que no tienen sentido,” citando como ejemplo la exención aprobada para la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
En esta ocasión, el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, vetó en mayo de 2022 un proyecto de ley que pretendía sacar a Procomer de la regla fiscal. En febrero del 2023, los diputados rechazaron esta decisión y aprobaron el resello, opción establecida por la Constitución Política en la que la Asamblea Legislativa, por una mayoría calificada (al menos 38 votos), puede rechazar el veto presidencial de una iniciativa y ponerlo en vigencia de manera directa.
Cuatro meses después del veto, el presidente Chaves presentó un proyecto a la Asamblea Legislativa para exonerar a varias instituciones de la regla fiscal. “Lo que nosotros estamos solicitando a los diputados es que no hagamos una ley para cada cosita pequeña; arreglemos esto en un paquete para que no inundemos a Costa Rica de leyes y decretos que confunden a la gente”, aseguró Chaves en setiembre de 2022.
El Congreso adicionó las excepciones a la regla fiscal por medio de leyes aprobadas en 2020, 2022 y 2023, según se indica en la Ley N.º 9635.
El exministro de Hacienda añadió que, cuando se tiene un marco que exige gastar menos, cada egreso debe ser cuidadosamente evaluado en función de lo que realmente se necesita ejecutar. “La regla fiscal de la que se habla hoy es, en realidad, una miniregla fiscal, comparada con la que se aplicó durante la pandemia de la covid-19”.
