Se ha dicho por lo claro desde un inicio: «los actores no estatales tienen un peso importante como sector complementario de la economía cubana». Ello constituye una certeza reconocida por la máxima dirección del Partido y el Gobierno cubanos y por la propia población.
Así y todo, con la reciente publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba en su edición ordinaria No.78. de seis decretos leyes, dos decretos y un grupo de resoluciones dirigidas al sector no estatal, ha retornado a las redes y a algunos medios el discurso trivial, repetitivo y cansino de que «esto es una cruzada del Gobierno contra las mipymes» (entiéndase de igual forma todas las formas de gestión privada). Nada más alejado de la verdad y los propósitos de las normativas que entrarán en vigor paulatinamente.
Es válido aclarar que tampoco caen en paracaídas estas disposiciones. En realidad, ahora se actualizan tal y como disponía la ley desde la creación de las mipymes en agosto de 2021, y buscan el funcionamiento armónico y responsable de los negocios privados sin suprimir casi ninguna de las actividades que vienen realizando.
Ahora se acentúan las miradas en aspectos como la bancarización, el comercio minorista y mayorista y las obligaciones legales y tributarias de los actores no estatales, todas con implicaciones también para la población.
Durante dos años, por ejemplo, hubo beneficios tributarios para incentivar precisamente la creación de estos negocios. En un país que presenta hoy un alto déficit fiscal resulta complejo continuar con esos estímulos que, en su momento, dieron los dividendos esperados.
Por un lado, es cierto que dichos atractivos permiten que surjan nuevos actores, pero también debemos pensar en la necesidad imperiosa de inyectar ingresos al Presupuesto del Estado, distinguido desde su concepción por la profunda vocación popular.
Para que se tenga una idea, cuando hablamos del Presupuesto del Estado nos referimos a una traducción en gastos esencialmente sociales. El pasado año el 62 por ciento del total de gastos fueron destinados al sector social: Salud Pública, Educación, Seguridad y Asistencia Social, Cultura, Deporte y otros.
No debemos entender entonces estas disposiciones publicadas el lunes como un «arma» legal que apunte hacia la población, idea que algunos también han comenzado a disparar de forma venenosa. Ni siquiera se trata, recalco, de una avalancha sobre los actores no estatales de la economía, porque prácticamente podrán continuar ejerciendo con sus negocios como hasta ahora.
¿Quiénes serán más beneficiados? Por supuesto, aquellos que tengan en su encargo principal la producción de bienes. Y ello es comprensible en las condiciones actuales que atraviesa Cuba.
El comercio mayorista de las mipymes y cooperativas no agropecuarias no productoras con la participación del Estado tendrá que aprovecharse bien desde los encadenamientos logísticos. Ciertamente no es algo sencillo, pero eliminando intermediarios y explotando algunas capacidades subutilizadas el país, pudiera existir un impacto real en los precios que termina pagando el cubano.
De igual forma habrá que aprovechar de la mejor manera la municipalización para aprobar nuevos actores económicos, sin descuidar el control y asesoramiento que debe comenzar por el recién nombrado en el Decreto Ley-108, y publicado en la Gaceta Oficial de la República de Cuba en su edición ordinaria No.78, Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales.
La economía, sabemos bien, es muy compleja. Imaginemos la nuestra que enfrenta a diario un peso extra, que lucha contra sanciones poderosas de todo tipo y contra un bloqueo innegable y recrudecido. En cada paso dado se corren riesgos como en la vida misma, pero estas normas jurídicas tienen una mayor amplitud y buscan el mejor desarrollo y complementariedad entre todos los actores de la economía cubana.
