El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, engavetó una propuesta de decreto para que el refugio de vida silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe sur, recuperara 231,8 hectáreas de terrenos que pasaron a manos privadas mediante una ley declarada inconstitucional. Aunque el jerarca recibió el documento en mayo de 2023, un año y tres meses después, aún no lo ha firmado. Mientras tanto, muchas de las propiedades, varias de ellas con cobertura boscosa, permanecen fuera de la protección ambiental que ofrece la reserva, y algunas han sido expuestas a presuntas talas ilegales y daños en humedales.
El borrador de decreto lo elaboró una comisión técnica integrada por ocho funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y del Área de Conservación La Amistad Caribe. Además, recibió el aval de la Asesoría Legal y del Departamento de Información y Regulación del Territorio del Sinac.
La propuesta tiene como objetivo revertir las consecuencias de una ley promulgada en 2014, que permitió pasar a manos privadas tierras del refugio. El 11 de julio del 2019 la Sala IV declaró la norma parcialmente inconstitucional y ordenó al Sinac delimitar de nuevo la reserva y rescatar las fincas cedidas, pues se desafectaron bosques del refugio que nunca debieron salir de la administración estatal.
El ministro Tattenbach admitió haber recibido el documento, pero justificó su decisión de no firmarlo diciendo que “no correspondía”. Esa fue su explicación el 6 de agosto, en respuesta al cuestionamiento del diputado del Frente Amplio (FA), Ariel Robles Barrantes, sobre la falta de acción en la delimitación. El interrogatorio se desarrolló durante una comparecencia de Tattenbach ante la Comisión de Ambiente del Congreso. “Ese decreto no correspondía, me imagino, a las delimitaciones que teníamos y a las respuestas que había dado el Sinac a la Sala IV”, alegó.
Minutos después, repitió esa respuesta luego de ver el borrador de decreto que le mostró Robles, quien de seguido lo increpó y le dijo que no lo había firmado porque dos fincas del empresario Allan Pacheco Dent –en las que la Fiscalía Adjunta Ambiental presume que hubo permisos ilegales de tala–, habrían sido reincorporadas al refugio, lo que habría obstaculizado un proyecto inmobiliario en la zona.
De inmediato, el ministro contestó: “No tengo ningún negocio con Pacheco Dent. Ni yo, ni mi familia”. Sí reconoció que firmó una directriz, en agosto del 2023, para invalidar un informe donde se consignó que había 165,12 hectáreas de humedales en el litoral de Talamanca y, en su lugar, avaló otro que redujo esa área a 73,43 hectáreas, es decir, un 55% menos.
La Nación, a través de la oficina de prensa del Minae, preguntó a Tattenbach sobre el significado de su afirmación de que “no correspondía” y si el Minae o el Sinac tienen otros estudios que desacreditaban los límites consignados en el borrador de decreto elaborado por la comisión del Sinac. Asimismo, se le preguntó por qué no ha firmado un nuevo decreto que cumpla con los límites correctos, de acuerdo con la orden de la Sala IV.
Las preguntas se remitieron al jerarca desde el viernes 16 de agosto; el lunes 19 se recibió un acuse de recibido, pero a la hora de publicación de este artículo no se había recibido una respuesta.
Fiscal investiga a presidente Chaves y a ministro Tattenbach por fiestas en finca de Pacheco Dent
La propuesta de decreto que el jerarca de Ambiente no firmó fue elaborada por un equipo técnico, en el que participaron ocho personas de la Secretaría Ejecutiva del Sinac y del Área de Conservación La Amistad Caribe, de acuerdo con el oficio SINAC-ACLAC-DR-138-2023, del 11 de abril del 2023.
Un mes después, el departamento de Información y Regulación del Territorio del Sinac avaló el planteamiento (oficio SINAC-SE-IRT-074-2023, del 11 de mayo del 2023), para pasarlo al conocimiento de Tamara Avendaño y Karen Quesada, funcionarias de la Asesoría Legal de esa entidad.
Con los vistos buenos, Avendaño y Quesada remitieron el borrador definitivo al entonces director ejecutivo del Sinac, Rafael Gutiérrez Rojas, quien para ese momento también se desempeñaba como viceministro de Ambiente. Un mes después de la emisión de esos documentos, él renunció a ambos cargos y se acogió a la jubilación.
En el documento donde se detallaron los nuevos límites del refugio, se consignó que la gestión se hacía en “cumplimiento de la resolución de la Sala Constitucional N.° 2019-012745″, luego de la conformación de un equipo técnico en el 2020, mediante el oficio SINAC-DE-187-2020.
Allí, se subrayó que una vez que se delimite el área boscosa, “el Sinac y la Procuraduría General de la República (PGR,) deben realizar un análisis de antecedentes de todas las fincas inscritas en dichas áreas, para determinar la legalidad de su inscripción y plantear los procesos de lesividad correspondientes a fin de recuperar para el Estado las áreas que correspondan”.
“(...) Se incorporan algunas propiedades privadas, situación que puede generar alguna inconformidad por parte de los propietarios del área bajo análisis”.
Esa posición es coincidente con la que mantiene la Procuraduría, órgano que como abogado del Estado, ordenó hace más de dos años al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) recuperar al menos 137 fincas colmadas de árboles, en acatamiento al fallo de la Sala Constitucional. Sin embargo, esas tierras, que en conjunto miden 64 hectáreas, continúan en manos privadas hasta la fecha.
La Procuraduría también contradice la versión externada por el ministro Franz Tattenbach, y la directora del Área de Conservación La Amistad Caribe, Maylin Mora Arias. Ellos niegan que la Sala IV haya ordenado delimitar esa zona y, mucho menos, recuperar las zonas boscosas. Alegan que están en manos privadas y no pueden hacer nada por recuperarlas.
Bajo esa argumentación, tanto Tattenbach como Mora han defendido los permisos de tala otorgados por el Sinac a la firma Playa Manzanillo S. A., cuyo representante legal es Allan Pacheco Dent. El Ministerio Público investiga al empresario, junto a cuatro personas más, por los presuntos delitos de falsedad ideológica, prevaricato, influencia en contra de la Hacienda Pública, cambio de uso de territorio de bosque, apertura de trocha en terrenos con bosque y drenaje de humedal.
En esas 231,8 hectáreas que el jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) no ha restituido a Gandoca-Manzanillo, a pesar de la sentencia de los magistrados constitucionales, la Fiscalía Adjunta Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investigan un presunto tráfico de tierras y si hubo otorgamiento de permisos ilegales de tala en dos fincas que, en conjunto, miden 15,4 hectáreas y están registradas a nombre de la sociedad de Pacheco Dent.
La Fiscalía General también tiene otro expediente abierto en contra del presidente Rodrigo Chaves Robles y el ministro Franz Tattenbach, relacionado con dos fiestas a las que acudieron altos jerarcas del gobierno y personal de Casa Presidencial en una propiedad de la familia de ese empresario, quien registró al menos siete visitas a Zapote entre junio del 2022 y octubre del 2023.
