En medio de un fuerte ajuste de gastos del Estado y una dura pulseada de la Casa Rosada con los gremios en huelga, el gobierno de Javier Milei enviará al Congreso en los próximos días un ambicioso proyecto de reforma de la educación pública que contemplará fuertes cambios en los colegios primarios y secundarios como en las universidades.
La iniciativa oficial avanza con el arancelamiento para estudiantes no residentes, la posibilidad de que el sector privado pueda involucrarse o sustentar proyectos de recaudación en las escuelas, apunta a una reformulación del reparto nacional de fondos y a una reestructuración en las universidades.
Los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano) y Federico Sturzenegger (Desregulación del Estado) junto con el secretario de Educación, Carlos Torrendell, ya tienen listo el borrador del proyecto de ley de reforma educativa de la era Milei que anticipa un fuerte debate en el Congreso. Si bien el Gobierno empezó una ronda informal en las provincias y con referentes de la oposición por algunos puntos de esta iniciativa, lo cierto es que el plan global resulta ser muy amplio y con cambios de raíz.
Torrendell confirmó a El Cronista que en los próximos días se enviará el proyecto al Legislativo y dijo que con esta iniciativa "el Gobierno apuesta a mejorar la educación en todo lo que tiene que ver con una mejora en la calidad educativa, la formación del docente y una mejor distribución de los recursos del Estado".
El borrador del proyecto de ley de reforma educativa contemplará un examen al finalizar la educación secundaria con vistas al "fortalecimiento de la política de evaluación Aprender". Esto sería también una herramienta con la que quiere contar el Gobierno para tener un termómetro o mapa global de dónde se ubica el nivel educativo de los alumnos a nivel país.
También la idea es que se evalúe a los docentes al finalizar sus estudios y en un período no mayor a cuatro años con fortalecimiento de la formación continua.
Por otra parte, en el proyecto de ley se prevén evaluaciones externas universitarias dentro de los primeros seis años a partir de la normalización (universidades públicas) y el reconocimiento provisorio (universidades privadas). Esto podría repetirse cada 10 años.
Con la experiencia de la educación remota que se aplicó durante la pandemia, el Gobierno buscará instaurar por ley una mezcla de educación presencial con las clases online. Así se trabaja en un esquema para liberar restricciones en cuanto a la educación a distancia para el ciclo orientado de nivel secundario y enseñanza híbrida a partir del segundo ciclo del nivel primario, de forma adicional a la educación presencial obligatoria. Esto les dará a los docentes un respaldo legal para llevar adelante programas mixtos de educación.
El borrador del proyecto también apunta a garantizar que los profesionales que ingresen a la docencia completen un ciclo pedagógico y se deberá aprobar la educación secundaria para poder ingresar a la enseñanza de grado en el nivel superior.
Se les permitirá a las universidades ofrecer cursos de nivelación o exámenes de ingreso, pero "no deben tener un carácter selectivo excluyente". Y en cuanto a la distribución de fondos nacionales la idea es determinar "principios básicos para la asignación de recursos de las universidades". Esto implicará un reparto más "equitativo y ordenado" de fondos nacionales, según señalan en la Casa Rosada.
Torrendell fue tajante sobre el tema salarial y presupuestario: "Más allá de que todos estamos de acuerdo en mejorar los sueldos de los docentes universitarios, creemos en que las partidas destinadas a la inversión educativa deben estar presupuestadas a partir de recursos reales que ingresan al Estado, en el contexto que ya ha explicado el Presidente Javier Milei, es decir, con las cuentas públicas en orden de acuerdo a una sana eficiencia administrativa. De esa forma se irán recomponiendo los salarios en la medida de las posibilidades."
También en el borrador del proyecto de ley se prevé que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Hasta ahora no se les exige un pago anual y esta medida podría generar un fuerte debate. En el Gobierno quieren equiparar este modelo a lo que sucede en países de la región como Chile o Brasil. No está previsto un arancelamiento para los alumnos extranjeros con residencia y mucho menos para los argentinos. La gratuidad se mantendrá vigente en esos casos.
Por otro lado, la reforma que contempla el Gobierno en el sistema educativo apunta a incentivar a las instituciones escolares a la recaudación de fondos con el consentimiento de las autoridades, así como la recepción de contribuciones de particulares, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Este es un cambio profundo ya que se les da libertad a los colegios a emprender proyectos propios en materia de recaudación de fondos para el mantenimiento de edificios o la mejora en la estructura organizativa de los colegios.
Por último, el proyecto prevé que en la educación técnica la duración sea equivalente o con máximo de un año adicional a la duración del nivel secundario de cada jurisdicción.
