Manos Limpias ha denunciado a la hasta hace un mes directora del Instituto de la Mujer, Isabel García Sánchez, y su pareja, Elisabeth García Busnadiego, que fue asesora del PSOE, por haberse supuestamente beneficiado de, al menos, 64 contratos de administraciones socialistas por valor de 250.000 euros para la gestión de los puntos violeta, dos de ellos mientras era ya la primera alto cargo de Igualdad.
Les acusan desde el sindicato, apoyándose en informaciones periodísticas publicadas, de haber cometido de forma continuada los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y de falsificación de documentos públicos.
Isabel García dejó de ser asesora del Ministerio de Transportes en 2022 en la época de José Luis Ábalos al frente y en febrero de aquel año constituyó una sociedad limitada, Elig Consultoria Política de Igualdad y Diversidad.
Sobre lo que desde la organización de Miguel Bernad sostienen que este negocio privado "lo va a tener asegurado ya que era muy conocida en las administraciones públicas de la Comunidad Valenciana", donde previamente a su desembarco en Madrid –hasta julio de 2019– fue diputada de Igualdad en la Diputación de Valencia y concejala de la misma materia en la localidad valenciana de Xirivella.
Tal y como se explica en la denuncia, volvió al Gobierno de Pedro Sánchez en diciembre del año pasado como directora del Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Igualdad, ahora con la socialista Ana Redondo al frente.
Pese a que se convirtió en alto cargo gubernamental, señala Manos Limpias, continuó casi cuatro meses –hasta marzo de 2024– como adminstradora única de su mercantil, Elig, y "estuvo compatibilizando actividades públicas y privadas, sin que sepamos estuviera autorizada para ello".
Precisamente, se recuerda en la acción penal, los "escándalos", el que se conocieran las decenas de adjudicaciones públicas que recibieron ella y su pareja,"obligarán" a que fuera cesada por la ministra Redondo este pasado 23 de julio al frente del organismo público, tras ostentar la responsabilidad solo durante siete meses.
La mayoría de las contrataciones con fondos públicos para instalar puntos violetas o poner en marcha iniciativas relacionados con las políticas públicas de Igualdad proceden de ayuntamientos valencianos gobernados por el PSOE como Alcasser, Alaquas, Catarroja, Moncada, Orihuela, Marines, Val de Uxó, Lliria, Massanasa, Picanya, entre otros, pero también de la propia Generalitat o la vasca Diputación Provincial de Gipúzcoa.
En lo relativo a la falsedad documental, le atribuye a ambas el sindicato el haber utilizado otra empresa de la que no eran propietarias y en la que no tenían poder alguno otorgado para licitar en una serie de concursos públicos.
