La fotografía de la última derrota parlamentaria del Gobierno en el Congreso–senda de déficit y reforma de la Ley de Extranjería– no será un mal sueño del que despertar con tranquilidad cuando se inicie el curso político. Moncloa ha hecho un parón por vacaciones y ha confiado en que las relaciones con sus socios se curen por sí solas, pero no hay nada que apunte a un nuevo capítulo sin sobresaltos en los próximos compases de la legislatura.
El Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a un otoño en el que el Congreso debería trabajar a pleno rendimiento para aprobar una buena parte de los compromisos adquiridos durante el curso anterior con sus propios aliados o con su propia agenda legislativa, pero, uno de los acontecimientos más recientes y con el que el PSOE buscaba consolidar su poder –la presidencia de la Generalitat de Cataluña en manos de Salvador Illa– ha acabado por soliviantar a Junts y ahora también ha abierto un frente con ERC. Los de Carles Puigdemont ya han avisado de que revisarán la relación con el PSOE. Y, por otra parte, lejos de que el acuerdo entre PSC y ERC pacifique a los republicanos para consolidarles como socios consolidados para que la legislatura no corra peligro, ahora, el propio cupo catalán condiciona la gobernabilidad de Pedro Sánchez.
Todo lo que tiene que ver con el acuerdo para ceder la hacienda catalana ha sido tratado con suma discreción por parte del Gobierno y del PSOE con el objetivo de que una palabra malinterpretada descarrilara el acuerdo para investir a Salvador Illa. Tanto es así, que la vicepresidenta María Jesús Montero ha tardado dos semanas en hablar sobre el acuerdo catalán después de haber rechazado en numerosas ocasiones una financiación singular para Cataluña. La también ministra de Hacienda sí concedió ayer la financiación singular pero negó que el acuerdo de esta inyección económica especial para Cataluña signifique la concesión de un concierto económico para la comunidad. El acuerdo que filtró ERC y dio por confirmado para apoyar a Illa contradecía lo que hasta ahora había defendido la ministra de Hacienda y aseguraba que el modelo de financiación de esta comunidad autónoma estará basado «en la negociación bilateral con el Estado», y será la Generalitat la que «gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados (y generados) en Cataluña» a través de la Agencia Tributaria de Cataluña.
Estos aspectos no fueron confirmados por parte de Hacienda ayer. Algo que ha hecho encender las alarmas en el cuartel general de ERC, desde donde ya amenazan con dejar de apoyar a Pedro Sánchez en Madrid, lo que, unido al aviso de Junts de revisar el apoyo al Gobierno, deja al presidente sin apoyos suficientes para sacar adelante la legislatura. «Si el PSOE no cumple con su palabra, ERC no dará apoyo a ninguna iniciativa del PSOE. O deberá buscar mayorías alternativas o Pedro Sánchez tendrá que convocar elecciones, porque de los acuerdos, y lo que está firmado, Montero es plenamente consciente. Puede llamarlo como quiera, pero si no se cumplen estos acuerdos, ERC tendrá que retirar cualquier posible apoyo al PSOE», avisó el partido nada más conocer las declaraciones de la ministra de Hacienda en las que se alejaba del pacto acordado hace solo dos semanas.
Esto trastoca los planes de Moncloa, que si bien contaba con una oposición dura por parte de Junts, ahora deberá enfrentarse al enfado de los republicanos, que condicionan su apoyo a una Hacienda catalana que el Ejecutivo no acaba de confirmar y que, a la vez, enfrenta al PSOE con todas las comunidades, también con las que están gobernadas por el PSOE.
La posición de ERC, unida a la de Junts, deja en vilo la continuidad de Sánchez al frente del Gobierno si no cumple con sus aliados. Y las primeras consecuencias que pueden tener las posiciones de los independentistas es que el Gobierno no pueda aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2025 y Hacienda se vea obligado a prorrogar otra vez las cuentas públicas, lo que reflejaría la debilidad de Pedro Sánchez.
En el caso de Junts, será el congreso del partido en octubre el que decidirá la posición estratégica del partido de cara a cualquier votación en Madrid, lo que, a su vez, deja una incógnita sobre cuál será el papel de los de Puigdemont, es decir, si suman a la mayoría progresista de Sánchez o se colocan en la fotografía con los partidos de la oposición, PP y Vox. Precisamente, el congreso refundacional de Junts coincidirá de pleno con la nueva negociación de las cuentas públicas por parte de Hacienda.
Así, el primer examen que deberá superar Pedro Sánchez será el de la tramitación de los Presupuestos. Junts, en un claro aviso antes de que se cerraran las negociaciones entre el PSC y ERC para la Generalitat, tumbó la senda de déficit del Gobierno. Era el primer paso previo a la elaboración de las cuentas públicas de 2025. Entonces, Junts señaló la flexibilidad de los objetivos de déficit o la baja ejecución presupuestaria en Cataluña en 2023 como motivos para votar en contra de la senda. Ahora, con el acuerdo PSC-ERC, Junts ha encarecido más su apoyo a las cuentas y exige al Gobierno que «haga mucho más» para garantizar la aplicación de la Ley de Amnistía, como querellarse contra los jueces que no la apliquen.
La débil aritmética parlamentaria hace que todas las miradas se posen en sus socios. Hasta ahora, ERC, Bildu y PNV casi siempre han respaldado al Gobierno, mientras que Junts ha dejado solo al Gobierno en hasta ocho votaciones importantes en el primer año de legislatura. La más sonora fue su primer «no» a la Ley de Amnistía, su voto en contra a los subsidios de desempleo, o un decreto ley para solventar las consecuencias de la guerra en Ucrania. La más dolorosa para el Gobierno fue el «no» a la senda de déficit y a la reforma de la Ley de Extranjería. Los de Puigdemont votaron en contra –junto al resto de socios– de la proposición de ley del PSOE para prohibir el proxenetismo. Junts también facilitó que salieran adelante dos declaraciones negativas para el PSOE; una sobre el «caso Koldo» y otra sobre el asesinato de dos guardias civiles por una narcolancha en Barbate.
A la negociación de las cuentas públicas, se suman más asuntos en la agenda legislativa de Sánchez; la reforma de la Ley del Suelo –que Sumar no apoyó–, la reforma de la Ley de Extranjería, el plan de regeneración democrática del Gobierno que sigue sin concretar y que dependerá de la voluntad de los aliados, la reforma de la Ley de Secretos oficiales, o un nuevo decreto anticrisis si el Gobierno decide prorrogarlo. Y, para todo ello, todos los votos serán precisos y hoy no están garantizados. A esto se une la renovación de los órganos constitucionales pendientes: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Consejo de RTVE para los que Moncloa necesita al PP, y Sánchez volverá a tener en contra a sus aliados, como ocurrió con la renovación del CGPJ.
