El pasado martes 20 de agosto, un grupo de ciudadanos conformado por exfuncionarios, entre ministros y cancilleres presentaron una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional por las 49 muertes registradas durante las protestas de diciembre de 2022 y enero y febrero de 2023.
Ante esto, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) se ha pronunciado al respecto mediante un comunicado que ha sido compartido a través de sus redes sociales. En la carta se puede leer: "Los derechos humanos son universales e inalienables. Ninguna autoridad o persona tiene el derecho de atentar contra la dignidad humana ni actuar con impunidad frente a las demandas legítimas de los ciudadanos".
Seguidamente afirman que los hechos denunciados por los ciudadanos ante la Corte Penal Internacional, no solo viola los derechos humanos, sino también "vulneran los principios básicos del Estado de derecho, la democracia y el respeto a la vida".
En esa línea, el Colegio de Abogados de Lima exige justicia para las víctimas y sus familiares, la cual aseguran se logrará a través de "una investigación y un juzgamiento imparcial, exhaustivo y transparente que determine las responsabilidades individuales y estatales".
Asimismo, el CAL hace un llamado imperativo a la Fiscalía y a la Corte Penal Internacional para que inicien un proceso de investigación que esclarezca los hechos y establezca las responsabilidades a quienes corresponda. Además, exhorta a que la presidenta de la República se pronuncie ante el país y deslinde sus responsabilidades, de ser el caso.
