El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció respecto al pedido de prisión preventiva contra el hermano de la presidenta de la República, Nicanor Boluarte, en el marco de las investigaciones por el denominado caso 'Waykis en la Sombra'. El titular de la PCM señaló ante los medios de prensa que "sería impropio" emitir opinión sobre las pesquisas que vinculan al familiar de Dina Boluarte.
En ese sentido, indicó que los involucrados en el caso 'Waykis en la Sombra' no son parte del Poder Ejecutivo liderado por Dina Boluarte y que no sería competente hablar de las medidas que podrían caer sobre los investigados y que no conoce el contenido de las carpetas fiscales.
"Sería impropio que yo me pronuncie la causa que ahora esta siendo seguida y que es objeto de gran atención de los medios de comunicación y como se ha referido, compromete al exabogado de la presidenta y a su hermano (Nicanor Boluarte) y a otros 4 ciudadanos más me parece. No son funcionarios del Estado y en consecuencia a mí no me correspondería hacer ninguna mención y además no conozco las carpetas", enfatizó en conferencia de prensa.
Adrianzén Olaya indicó que le parece "inadmisible" que algunas instituciones judiciales tales como la Fiscalía y el Poder Judicial tomen con "ligereza" la privación de la libertad de la ciudadanía. Sostuvo que un pedido de prisión preventiva tiene que ser una acción de última instancia y no ser adoptada a inicios de las diligencias.
"Si quisiera hacer en términos genéricos alguna reflexión. A mí me parece absolutamente inadmisible que algunos órganos jurisdiccionales me refiero a la Fiscalía o al Poder Judicial tomen con tanta ligereza el tema de la libertad de la persona Humana. En el derecho, sabemos que primero es la libertad. Entonces, la privación de la libertad de una persona tiene que ser la última ratio, como decimos los abogados. Cuando no hay otro recurso, recién se debería decidir sobre la privación de una persona", manifestó.
Subrayó que algunas autoridades judiciales habrían olvidado el "principio fundamental del derecho" al dictar prisiones preventivas a los investigados y que cuando recuperan su libertad, no existen sentencias .
"Algunos colegas fiscales, jueces, parecen haber olvidado estos principios fundamentales del derecho y algo que a mí me preocupa es que se dictan estas prisiones preventivas por 12,24 y 36 meses y al final de ellas ¿Qué ocurre en la mayoría de los casos? Aquellos que estuvieron privados de su libertad por todos esos meses, al último se les tiene que dar libertad por exceso, se cumplen los plazos y yo pregunto ¿Acaso hay acusaciones? ¿En qué se han convertido estas prisiones preventivas? En una suerte de condena sin sentencia, es una suerte de escarnio. No tengo caso pero sí tengo la posibilidad de meterte preso por 36 meses", indicó.
Por otro lado, el líder del gabinete ministerial realizó una invocación a los jueces y fiscales para "que sean más reflexivos y cautelosos" en cuanto a las disposiciones que puedan emitir.
"Yo lo que digo es, trascurren esos 36 meses, te dictan libertad sin que presenten una acusación, y ¿Quién te resarce esos 36 meses privación de la libertad? Entonces estas son reflexiones en un país como el nuestro en el que yo creo que se hace abuso de las prisiones preventivas. Y en este punto en concreto, hay que invocar a jueces y fiscales para que sean más reflexivos y cautelosos", manifestó.
