El presidente de la República, Rodrigo Chaves, cuestionó los 26 allanamientos realizados el martes por la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los cuales tenían por objetivo recabar pruebas sobre aparentes irregularidades en la concesión de permisos de construcción en terrenos del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo.
Durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial, el mandatario puso en duda la legitimidad de las acciones. Argumentó que, según concluyó un juez penal, los hechos en torno al caso Gandoca-Manzanillo no constituyen un delito tipificable.
Chaves se refirió a la resolución del 6 de agosto, en la que el juez penal Félix Castellón Ruiz rechazó imponer medidas cautelares al empresario Allan Pacheco Dent, representante legal de la firma Playa Manzanillo S. A., a dos funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y a la administradora del refugio. Sin embargo, la resolución no concluye lo dicho por el mandatario.
Juez no encontró dolo en caso por tala ilegal en Gandoca-Manzanillo
El juez indicó que, “más allá de la gravedad que tiene el hecho desde la óptica del daño ambiental”, no existían elementos probatorios que determinaran con probabilidad la existencia de un plan previo.
Castellón Ruiz no halló dolo en los hechos denunciados por el Ministerio Público. Argumentó que no bastaba “el error en la calificación de los hechos y en la aplicación de las normas legales”, sino que también se requería aportar pruebas que demostraran que los quebrantamientos de la ley fueron intencionales.
En ese primer operativo, la Fiscalía buscaba pruebas por supuestos delitos de cambio de uso de suelo, falsedad ideológica y uso de documento falso en la obtención de las autorizaciones para tala en el refugio del Caribe Sur.
Chaves también dijo sobre las acciones judiciales: “No pasa nada. Ayer, hubo 26 allanamientos. Vaya y pregúntele al fiscal ambiental por qué hubo 26 allanamientos cuando un juez penal, al considerar la misma solicitud de prisión preventiva, creo que debió haber sido de él mismo, del fiscal ambiental, le respondió ‘aquí no se tipifica, no se forma un delito”.
“¿Qué algo está pasando? Está pasando. Sería irrespetuoso decir que nada pasa. Esperemos que el fiscal ambiental vuelva a pedir a algún juez penal una acción contra algunas personas sobre la base de la evidencia que tenga; mi expectativa es que le va a responder lo mismo: ¿dónde está el crimen?”, agregó el mandatario.
El presidente también defendió al empresario Allan Pacheco Dent, quien fue detenido temporalmente en julio por la presunta obtención de permisos irregulares para talar árboles en el refugio.
Chaves admitió que conoce a Pacheco Dent porque vivía a la par de él en el condominio Monterán, Curridabat. El Ministerio Público también investiga fiestas de personeros del gobierno en otra finca de la familia de este empresario, en Barva de Heredia.
“Dijo (el juez) dos cosas que son importantísimas: el señor Pacheco Dent tiene título de propiedad, plano catastral y tiene los permisos correspondientes para cortar esos 26 árboles”, continuó Chaves.
El presidente también acusó al diputado Ariel Robles, del partido Frente Amplio, de estar detrás de la investigación sobre Gandoca-Manzanillo.
Los nuevos allanamientos se efectuaron este martes 20 de agosto, conducidos por la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
La pesquisa se efectuó en busca de pruebas por la presunta complicidad de intereses económicos dentro de la creación del Plan Regulador Costero de la zona marítimo-terrestre de Talamanca (Limón), el cual permitiría otorgar permisos de construcción dentro de áreas protegidas.
Las autoridades indagan los presuntos delitos de prevaricato, incumplimiento de deberes, influencia contra la Hacienda Pública y falsedad ideológica.
Las autoridades allanaron 11 casas, incluida la del alcalde de Talamanca, Rugeli Morales Rodríguez, así como oficinas públicas y empresas en Limón, Santo Domingo de Heredia, Curridabat y San José.
A mediados de mayo, cuando los habitantes de Talamanca denunciaron la tala y extracción de árboles en la zona, el presidente y el ministro de Ambiente, Franz Tattenbach, alegaron que los permisos de aprovechamiento forestal en la zona estaban en orden.
