Por Agustina Aurignac y Matías Nahuel Castro
En las últimas décadas, la conexión entre el crecimiento económico y la calidad de vida se debilitó. A pesar de los notables avances en la producción de bienes y servicios, muchos países desarrollados evidencian una desconexión creciente entre los indicadores macroeconómicos y la experiencia cotidiana de sus ciudadanos.
Esta brecha social exige una revisión exhaustiva de las estrategias tradicionales destinadas a mejorar las condiciones de vida.
En Argentina, el debate sobre el papel del Estado en la economía sigue siendo un tema profundamente divisivo tanto en la sociedad civil como entre los políticos.
La paradoja surge cuando, mientras los líderes de las principales empresas tecnológicas del mundo -los tecno-utopistas que impulsaron la economía digital global- reconocen y buscan activamente la intervención para regular los mercados y abordar desafíos sociales complejos, el debate local permanece acalorado y polarizado.
La Renta Básica Universal (RBU) es una propuesta que busca proporcionar un ingreso fijo y regular a todos los ciudadanos de un país sin condiciones previas.
Es una idea controversial en el mejor de los sentidos: encuentra apoyo y detractores tanto en la izquierda como en la derecha del espectro político. El liberal Hayek, por ejemplo, abogó por un "ingreso mínimo" que garantice las necesidades básicas, mientras que la izquierda también la considera una bandera para aliviar las desigualdades sociales.
Este enfoque desafía los sistemas de bienestar que se basan en criterios de condicionalidad y segmentación, con el propósito no solo de reducir las desigualdades económicas, sino también de fortalecer la autonomía individual.
Si bien el concepto encontró cierto grado de aceptación, especialmente en círculos como Silicon Valley, sigue siendo percibido a menudo más como una aspiración teórica que como una solución práctica.
En este contexto, Sam Altman, el director ejecutivo de OpenAI (la empresa de inteligencia artificial detrás de ChatGPT), se propuso investigar empíricamente este proyecto.
En los últimos años, emprendió un proyecto que tiene el potencial de ser un catalizador para una transformación profunda en cómo entendemos y aplicamos esta posibilidad. Aunque es uno más entre otros -hasta la fecha se han llevado a cabo cerca de 200 experimentos en todo el mundo, la gran mayoría en Estados Unidos- viniendo de Altman tiene un condimento especial.
Los empresarios tecnológicos están cada vez más preocupados por el avance de la inteligencia artificial sobre el mercado del trabajo. Sin empleo, no hay salarios y sin salarios no hay ingresos. Sin ingresos, no hay consumo. Y los empresarios, como Altman, necesitan del consumo para generar ganancias.
El estudio en cuestión tiene un objetivo claro: analizar cómo el apoyo financiero impacta no solo en el bienestar económico inmediato, sino también en variables a largo plazo.
Para el estudio "Entrega de Efectivo Incondicional" realizado por la organización Altman OpenResearch, se reclutaron 3.000 participantes de Illinois y Texas, quienes recibieron 1.000 dólares mensuales durante tres años a partir de 2020.
Estas transferencias de efectivo representaron un incremento del 40% en los ingresos de los beneficiarios. Los participantes se encontraban un 300% por encima del nivel federal de pobreza, con ingresos medios inferiores a 29.000 dólares. Además, un grupo de control compuesto por 2.000 participantes recibió 50 dólares por mes.
Vale la pena analizar los resultados. Según el estudio, los titulares de la renta básica gastaban más dinero, destinando los fondos extra a necesidades básicas como alquiler, transporte y alimentación. En promedio, aquellos que recibieron 1.000 dólares mensuales gastaron aproximadamente 310 dólares adicionales cada mes.
Los investigadores también analizaron el impacto del nuevo ingreso en la cantidad de trabajo y en el tipo de empleos a los que accedieron los beneficiarios.
Los resultados muestran que estos participantes trabajaron entre 1,3 y 1,4 horas menos por semana en comparación con el grupo de control. En lugar de emplear ese tiempo en el trabajo, lo utilizaron para actividades de ocio.
Eva Vivalt, profesora adjunta de Economía en la Universidad de Toronto y una de las investigadoras principales del estudio, comentó que se observaron "disminuciones moderadas en la oferta de trabajo", agregando que, desde la perspectiva de un economista, este efecto es relativamente moderado.
Aunque se observaron reducciones significativas en el estrés, la angustia mental y la inseguridad alimentaria durante el primer año, estos efectos disminuyeron en el segundo y tercer año.
El estudio reveló que, en comparación con el grupo de control, el ahorro individual total de los titulares en sus cuentas bancarias aumentó casi un 25%.
Los beneficiarios también gastaban u$s 22 más por mes en otras personas, es decir, un 26% más que el grupo de control.
En cuanto a la atención sanitaria, los participantes experimentaron ligeros aumentos en comparación con el grupo de control en atención dental, visitas a urgencias y gasto sanitario, aunque no hubo pruebas directas de una mejora.
En comparación con el grupo de control, los beneficiarios eran más propensos a querer tener un presupuesto y avanzar en su educación, especialmente en el tercer año. Pero no se observaron efectos significativos en el nivel educativo general.
De esta manera, la Renta Básica Universal actúa como una aspirina para una enfermedad crónica: alivia los síntomas, pero no resuelve la causa subyacente.
Además, como saben los economistas, no todo se puede solucionar con un enfoque puramente keynesiano; hay una diferencia sustancial entre estimular la demanda y abordar las estructuras profundas de la desigualdad.
Incluso si se deciden ignorar estos resultados, el costo de financiar una Renta Básica Universal a gran escala es elevado, y los gobiernos deben encontrar maneras de cubrir este gasto sin desestabilizar la economía ni aumentar drásticamente la carga fiscal.
En nuestro país, el debate sobre el gasto fiscal sigue siendo un tema candente, marcando una tensión constante entre la necesidad de reducir el gasto público y recortar los planes sociales, y la urgencia de ampliar la red de seguridad social para enfrentar desigualdades crecientes.
En este contexto, la RBU aparece como una propuesta que divide opiniones. En algunos sectores, recibir dinero incondicional puede ser visto como un signo de dependencia, mientras que, en otros, es considerado un avance hacia una mayor equidad y justicia social.
Este concepto no es solo una propuesta económica, sino un reflejo de las profundas y complejas preguntas sobre la naturaleza del trabajo, el valor del individuo en la sociedad moderna y el papel que debe desempeñar el Estado en la redistribución de la riqueza.
Así como la medicina moderna reconoce que una cura única rara vez resuelve todas las dolencias, también debemos entender que la justicia social requiere más que una simple transferencia de recursos.
A medida que enfrentamos desafíos globales como la automatización, la desigualdad creciente y la inseguridad económica, es necesario que avancemos más allá de la polarización simplista.
Necesitamos un debate matizado que explore no solo cómo redistribuir riqueza, sino también cómo reformar sistemas educativos, laborales y sociales para construir una sociedad más resiliente.
En última instancia, el verdadero desafío no es simplemente decidir si implementamos o no la Renta Básica Universal, sino si esta será necesaria en el futuro dadas las capacidades económicas y tecnologías de la economía del año.
Mientras tanto, preguntas abiertas tales como el impacto de una Renta Básica Universal en la inmigración, la inflación, el esquema fiscal y el trabajo demandan un acercamiento empírico que trascienda las barreras ideológicas. Este último requisito, al menos, parece estar cumpliéndose.