La nueva Ley de Paridad, que entrará en vigor este jueves 22 de agosto, y que pretende equilibrar la presencia de hombres y mujeres, sigue sin solucionar el error garrafal que se presentó en su elaboración y de la que nadie -ni los grupos parlamentarios ni el Ministerio de Igualdad- se percató. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, admitió el fallo el pasado 14 de agosto, y reconoció que se trata de un “error técnico” en la Ley de Paridad que permite prescindir de las personas que se acogen al permiso para cuidar familiares o al cambio de jornada.
El fallo se encuentra en la disposición final novena de la Ley de Paridad, en la que se modifica el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, concretamente el apartado referido a los despidos nulos. Al incluirse a las víctimas de violencia sexual en los supuestos previstos para que sea nulo el despido, se han olvidado de incluir a las personas que se hayan acogido al nuevo permiso de “cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge (...) o parientes hasta segundo grande por consanguineidad”. Este colectivo estaba incluido en los supuestos de despido nulo por medio del Real Decreto Ley 5/2023, aprobado en junio del año pasado, pero, a partir de este jueves, se quedarán fuera.
En declaraciones a los medios en la Delegación del Gobierno en Castilla y León, Redondo aseguró que este error “se ha producido contra la voluntad de todos los que han participado en esa ley” y que “se está preparando la corrección”. Sin embargo, no será hasta que se retome la actividad parlamentaria en el Congreso cuando se arreglará el error, por lo que todos aquellos que soliciten este permiso a partir del día 22, quedarán expuestos a un despido que ya no se consideraría nulo. En este sentido, fuentes del Ministerio de Trabajo y Economía Social han asegurado a Europa Press que el error, cometido por Igualdad, "se subsanará en cuanto el calendario legislativo lo permita".
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha calificado a este error como “imperdonable y lamentable” al facilitar el despido de empleados con adaptación de jornada y, hasta que se logre subsanar, ha ofrecido los servicios jurídicos del sindicato “si es que hay algún despido” amparado en la nueva normativa.
A preguntas de los medios desde Toledo, Álvarez ha respondido que la formación ya hizo saber al Gobierno “la necesidad de la corrección” y no entiende que esta Ley de Paridad “haya pasado todos los tamices de la administración y se haya publicado con un error gravísimo”. En todo caso, ha querido dejar claro que los derechos de los trabajadores, más allá de esta ley, "están protegidos por el Estatuto del Trabajador y de manera global en la Constitución".
Más allá de este problema, el objetivo de la Ley de Paridad es garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en el sector público y privado. De este modo, tanto las grandes empresas como la Administración General del Estado estarán obligadas a tener un mínimo del 40% de mujeres en sus órganos de dirección.
Esta norma deberá aplicarse a las compañías del Ibex antes del 30 de junio de 2025, mientras que el resto de empresas cotizadas tendrán que hacerlo en 2026, y los sindicatos y las asociaciones empresariales tendrán de margen hasta 2028.
Además, los Consejos de Administración y alta dirección de las entidades de interés público, deberán alcanzar el porcentaje del 33% del sexo menos representado en dichos órganos a fecha 30 de junio de 2026, y del 40% del sexo menos representado el 30 de junio de 2028.
