El fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, Miguel Ángel Aguilar, cree necesario prohibir el acceso a redes sociales a quienes cometan delitos de odio "en los casos más graves" y que los usuarios estén "debidamente identificados", recoge Ep.
Este martes la Fiscalía confirmó que ya investiga los mensajes "falsos" y de "odio" en redes sociales contra migrantes a los que se acusaba del asesinato de Mateo, el niño de 11 años de Mocejón (Toledo). Aguilar ha abogado por introducir mejoras legales para que por parte del Ministerio Público y los tribunales "se pueda interesar la prohibición de acudir a entornos digitales".
"Con las herramientas que tenemos ahora podemos trabajar, pero indudablemente que algunos perfeccionamientos técnicos sí que precisaremos", ha señalado al ser preguntado si ve oportuna una reforma del Código Penal para regular este asunto.
A su juicio, "sería una pena proporcionada y necesaria" cerrar el acceso a "aquellas personas que se han servido de utilizar internet o redes sociales para la comisión de un delito", "en los casos más graves y teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto". El fiscal ha recordado que ya la Fiscalía de Barcelona interesó esta medida contra un 'influencer' que grababa y difundía vídeos de personas sin hogar a los que humillaba dándoles galletas rellenas de pasta de dientes. "Y se dictó por parte del Tribunal Supremo, cuando estudió este caso, la primera sentencia en España que contemplaba expresamente prohibir acudir al lugar del delito, no solamente el espacio físico, sino también el espacio virtual. Y ahí tenemos un precedente jurisprudencial. Ahora es importante que eso se traslade a la legislación", ha instado.
En lo relativo a las cuentas anónimas, Aguilar ha apostado también por analizar que los usuarios de redes sociales "estén debidamente identificados": "Y que, sobre todo, cuando la requiera la autoridad judicial, se facilite la identidad de las mismas". Esto es especialmente importante al tener en cuenta que muchas veces la investigación no puede avanzar porque no se sabe quién es el autor.
El fiscal, responsable de una unidad de reciente creación, ha explicado que en este momento los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad están recopilando datos y analizando mensajes difundidos en redes sobre el caso del niño asesinado. Una vez estén elaborados los informes policiales y sean remitidos a la Fiscalía o a juzgados de instrucción, ahí será cuando se hará la valoración jurídico-penal, ha explicado.
