El mandato de la JNJ caduca en enero de 2025. El señor Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo, dirige ahora mismo, y hasta hace unos días un tanto en penumbras, la comisión que elegirá a sus nuevos miembros. Lo hace mientras pide al TC, cuyo presidente integra también la comisión, anular la ley sobre extinción de dominio. Esa ley, que permite al Estado reclamar bienes de origen sospechoso, se ha usado hace poco contra una empresa representada por su hermana. Y se ha usado también contra Vladimir Cerrón, el prófugo líder del partido del que él mismo proviene.
Pero eso no parece detenerlo. Después de todo, el cruce entre intereses personales y prerrogativas públicas está siendo impuesto en nuestro medio como si fuera una cosa normal, principalmente porque es la regla que la coalición que gobierna entiende como fundamento del hacer política. Para ellos, la actividad pública no trata sobre instituciones, equilibrios o bien común; sino sobre la forma de repartir y obtener ventajas utilizando como palanca del trueque posiciones de poder sin limitaciones de ningún tipo. Esa es la conclusión que han extraído del trauma social que representa haber descubierto las telarañas que tejieron Odebrecht y el ‘Club de la Construcción’: “Si repartir ventajas es lo que se ha hecho siempre, ahora llegó nuestro turno para hacerlo también”.
No sorprende, entonces, aunque indigne, que la demanda de inconstitucionalidad de la ley de pérdida de dominio presentada ante el TC por el señor Gutiérrez ocupe el papel de una moneda de canje. El señor Gutiérrez comparte con el presidente del TC la mesa que elegirá y removerá a jueces, fiscales y autoridades electorales. Enorme capacidad de influencia. Para él, este es, evidentemente, el momento más oportuno para pedir cosas, como la supresión de una ley que le molesta en lo personal.
Al otro lado de la mesa, me apena decirlo, tenemos un TC controlado por una mayoría que ha abdicado de su función: mantener al Congreso y al Gobierno dentro de los límites impuestos por la Constitución. Salvo excepciones, para este TC es el Congreso el que tiene la primera palabra en la definición sobre el sentido de la Constitución, no él mismo, no el TC. En el caso Fujimori, además, la mayoría del TC cruzó las fronteras del prevaricato al transgredir el texto expreso y claro de una norma del Código Procesal Constitucional, el artículo 123, que hace obligatorias todas las resoluciones de la Corte IDH, también las que prohibían la ejecución del indulto. Especialmente, este prevaricato ha convertido a la mayoría del TC en un sujeto político, uno que tiene intereses propios en la forma en que se organiza un sistema judicial, porque tarde o temprano podrían tener que enfrentarlo por ese indulto.
Un TC cuya mayoría ha desarrollado intereses personales sobre la conformación de las fiscalías y de la judicatura es un pésimo compañero de ruta de un abogado que ha sido colocado al frente de la Defensoría solo para domesticarla.
La instalación de la comisión especial, de hecho, constituye el evento de más alto protagonismo político del señor Gutiérrez desde que le entregaron la Defensoría. Parece, además, ser un proceso por el que se ha peleado duramente al interior de la coalición que ahora nos gobierna. Es importante recordar que en mayo de 2024, confrontada por las derrotas judiciales que finalmente le impidieron intervenir a la JNJ, la mayoría en el Congreso abrió el debate sobre un proyecto que tenía por objeto reemplazar a esta entidad por la Escuela para la Magistratura, un nuevo organismo constitucional que habría dado al Congreso la coartada perfecta para remover a su gusto a todos sus miembros. El debate fue abandonado silenciosamente para conceder espacio a la instalación de la comisión que ahora dirige el señor Gutiérrez. El enroque sugiere una apuesta táctica: ¿para qué poner en evidencia al Congreso cuando el reemplazo puede desarrollarse dentro de las más discretas puertas de una comisión como la que ahora él dirige?
El plan, entonces, sigue siendo el mismo: controlar a la entidad que elige y remueve a jueces y organismos electorales. Y en el afán, la mayoría en el Congreso ha concedido al señor Gutiérrez una mayoría indiscutible a su interior. Además del presidente del TC, que, como insistimos en notar, tiene ahora en sus manos la demanda del señor Gutiérrez sobre pérdida de dominio, integran la comisión la señora Jerí, explícita partidaria de la intervención a la Sunedu, y el señor Aguilar, un nuevo contralor general elegido por este Congreso hace muy poco, casi con ocasión al inicio del proceso.
Las listas de concursantes publicadas muestran, además, apenas más de 50 candidaturas para 14 plazas, considerando los suplentes. En la lista hay solo dos personalidades visibles: Francisco Távara, expresidente del Poder Judicial, y Fernando Calle, exmagistrado del TC. Si no pasa algo sorprendente, ambos deberían ser elegidos. Eso deja cinco asientos libres; casi 10 candidatos sin visibilidad pública establecida por asiento.
Un espacio ideal para nuevos canjes expresados en compromisos a ser adquiridos contra la elección.
La nueva JNJ, la que saldrá de este proceso silencioso, entrará en funciones en enero de 2025. El Poder Judicial elegirá a su próximo presidente también en enero. Pero antes, en noviembre, designará al nuevo presidente del JNE, que estará a cargo del siguiente escrutinio. En el camino, el caso Benavides debería terminar de resolverse y el Ministerio Público debería elegir a quien ejercerá la Fiscalía de la Nación de manera definitiva.
Cuatro procesos claves de elección de autoridades desarrollados en un momento institucional expuesto al juego más absoluto de interferencias. Es importante defendernos de la pasividad con que estamos observando estos procesos, porque ella está dejando libres los espacios que entonces se llenan.
