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El domingo 25 de agosto marca el inicio de la implementación de una modificación legal importante en Uruguay que apunta a la hospitalización forzosa de personas que viven en la calle y que padecen problemas de salud mental.
Esta medida, destinada a mitigar riesgos tanto para estas personas como para su entorno, es ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), en cooperación con personal médico y las fuerzas del orden.
Según Fernanda Auersperg, directora de Protección Social del Mides, la legislación amplía el alcance de la ley de internación compulsiva, la cual ya permitía la hospitalización forzada bajo riesgo de muerte.
Con esta modificación, también se considerarán aquellos casos en los que las personas representen un peligro para sí mismas o para otros debido a dificultades mentales.
“Lo que tenemos que sumar ahora es esta parte que incorpora lo psicológico, lo otro era lo orgánico”, dijo Auersperg al explicar la integración de este nuevo enfoque. Esta normativa permite que, tras una denuncia ciudadana, equipos de intervención puedan trasladar a personas que exhiban conductas erráticas o violentas a centros de salud, incluso sin su consentimiento.
La legislación aprobada en 2011 y revisada con modificaciones propuestas en 2022 por el Poder Ejecutivo, establece que el Mides puede coordinar con proveedores de salud para la hospitalización de individuos sin hogar, siempre que exista un riesgo directo para su bienestar o el de los demás.
La necesidad de una evaluación médica previa, que confirme el riesgo inminente de no realizar la hospitalización, es una condición clave establecida por la ley.
Las medidas legislativas también provocaron debate parlamentario. Originalmente, la hospitalización involuntaria requería la aprobación de un médico psiquiatra. Sin embargo, dicha exigencia fue modificada para permitir que médicos generales o clínicos también puedan autorizar esta acción. Mario Colman, diputado nacionalista, resaltó las dificultades prácticas de la anterior versión de la ley debido a la falta de psiquiatras disponibles en ciertos centros de salud, calificándolo como “un verdadero obstáculo”.
Para Colman, el cambio es fundamental para la viabilidad de la ley y su aplicación efectiva en todo el país. “Esta modificación es crucial no solo para hacer viable la ley, sino para aplicarla en todo el territorio nacional”, aseguró. La normativa también asegura que el proceso de abordaje cumpla con los preceptos establecidos en la Ley N° 19.529 de 2017, referente a la salud mental.
La implementación de esta ley suscita un periodo de formación y ajuste para los equipos de intervención del Mides, personal médico y fuerzas del orden, quienes deben actuar en sincronía ante situaciones de crisis. La finalidad es brindar el cuidado necesario a las personas afectadas y reducir situaciones de conflicto en la comunidad.
El Ministerio del Interior y ASSE están coordinados para facilitar las intervenciones con ambulancias y la certificación médica necesaria. Estas actuaciones se desencadenan principalmente a partir de comunicaciones al 911 por parte de ciudadanos que informan sobre incidentes que interrumpen la convivencia pacífica en sus vecindarios.
La iniciativa apunta a la consolidación de un marco de actuación que no solo aborde emergencias orgánicas, sino que también contemple aspectos psíquicos decisivos para mejorar el tratamiento y resultado en las vidas de personas en situación de calle con enfermedades mentales.
