El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa concluyó que el proyecto conocido como ley jaguar 2, formulado por el gobierno, no califica para ser sometido a un referéndum porque contiene vicios de inconstitucionalidad.
El informe ha sido recibido por el gobierno con una actitud intolerante e irrespetuosa. En lugar de debatir el contenido del informe, el gobierno ha recurrido a métodos de persecución y reproche político contra los firmantes del dictamen.
El presidente Rodrigo Chaves ha descalificado y menospreciado, como es habitual en él, el trabajo de los analistas con una prepotencia faraónica. La jefa de fracción del partido oficialista, por su parte, utilizó fotos, videos, cédulas y documentos privados para pronunciar un discurso de ataques indignos e irrespetuosos en el plenario legislativo contra el funcionario cofirmante del dictamen, quien asistió al jefe del departamento, autor y redactor del informe.
La diputada mostró una pésima disertación y un adefesio político cargado de violencia e intolerancia. Es lamentable que, por desconocimiento y falta de experiencia política, tanto el mandatario Chaves como su principal defensora legislativa destruyan los puentes comunicativos necesarios para alcanzar acuerdos positivos para el bienestar nacional, especialmente cuando en los últimos dos años se han agravado problemas en educación, salud, infraestructura vial, seguridad y economía.
Resulta más grave y hasta contradictorio cuando en su torpe exposición la diputada recrimina al funcionario legislativo ser militante de una agrupación política opositora, como si fuera un delito.
Sabemos que ella y su familia salieron huyendo de su tierra natal de un régimen gubernamental opresor, y llegó a nuestro país en busca de asilo, paz y libertad, circunstancias que le permiten ocupar una curul.
Lástima que no aproveche su posición y su período de cuatro años para impulsar proyectos que beneficien y recompensen a nuestro país, que también es suyo.
El autor es administrador educativo.
