A pesar de que se presentó una nueva denuncia contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, ante la Corte Penal Internacional por muertes en protestas, su abogado Joseph Campos intentó minimizar este suceso al indicar que solo tienen competencia para presentar denuncias los países miembros de este organismo, no las personas naturales. Recordó que, ya en el pasado otros documentos han sido enviados con la misma solicitud.
“No es la primera denuncia que se ha presentado y cuando digo denuncias es bueno ponerlo entre comillas por la imprecisión del documento pasa por señalar algo que no existe como la posibilidad para ciudadanos y las ONGs, ya que solo presentan denuncias ante la Corte Penal Internacional los Estados parte y el Consejo de Seguridad”, declaró a Canal N.
Recordemos que, el documento, que fue publicado por Epicentro, indica que los firmantes absolvieron todos los requerimientos legales pertinentes de acuerdo con los requisitos que establece la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para presentar la denuncia. Subrayaron que han actuado conforme a las acciones al "derecho internacional" y a la legislación peruana.
"Para tal efecto, hemos absuelto pausadamente todos los requerimientos legales, de acuerdo con las exigencias de la citada corte y actuado en estricto apego al derecho internacional y a la legislación peruana, con la justa expectativa de que se abra una investigación y que se llegue hasta las últimas consecuencias, incluyendo las medidas cautelares a que haya lugar", se lee.
Advierten que, la denuncia tiene fundamentos con informes de países y organismos internacionales tales como Estados Unidos, Canadá, La Unión Europea, Australia, Nueva Zelanda, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y Amnistía Internacional.
Entre los firmantes se encuentran exministros de Estado como Marisol Pérez Tello, Walter Albán, Mirtha Vásquez y Diego García-Sayán. También la excongresista Indira Huilca y ex autoridades yb destacadas personalidades como Oswaldo de Rivero (ex representante Permanente del Perú ante las Naciones Unidas), Sonaly Tuesta (exviceministra), Harold Forstyh (exembajado de Perú ante la OEA), Nicolás Yevori (periodista y poeta), Antonio Maldonado (exprocurador anticorrupción), Mesías Guevara (exgobernador Regional de Cajamarca) y Carlos Rivera Paz (abogado del Instituto de Defensa Legal).
Frente a ello, Joseph Campos indicó que lo que hicieron con ese documento es pedir al fiscal de la Corte Penal Internacional que revise el caso y si está de acuerdo presente ante el Consejo de Seguridad, en la Sala de Cuestiones Previas, la posibilidad de esto vea una denuncia formal contra la jefa de Estado.
“Esta denuncia es una más de las que presentaron la congresista Margot Palacios y se lo rechazaron, también el exministro de Pedro Castillo, Walter Ayala; pero no son más que intentos por mantener una situación a propósito de lo que ya archivó la Fiscalía de la Nación por el delito de genocidio. Presentarlo como denuncia, sabiendo que no lo es, pareciese que no llevaron el curso en la universidad o en la Academia Diplomática”, agregó.
En junio del presente año, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) se reunieron con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) para presentar documentación en virtud del artículo 15 del Estatuto de Roma, relacionada con las muertes ocurridas durante las movilizaciones sociales contra el gobierno de Dina Boluarte.
La documentación, que abarca el periodo desde diciembre de 2022 hasta el 9 de febrero de 2023, detalla lo que las organizaciones califican como un ataque sistemático contra los manifestantes que protestaban contra el régimen actual. Según FIDH y Aprodeh, las fuerzas del orden hicieron un uso excesivo, desproporcionado e indiscriminado de la fuerza, afectando principalmente a "hombres jóvenes e indígenas".
Tanto la Federación Internacional por los Derechos Humanos como la Asociación Pro Derechos Humanos consideran que estos hechos constituyen crímenes de lesa humanidad, según lo establecido por el Estatuto de Roma. Por esta razón, han solicitado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que inicie una investigación sobre lo sucedido en el país.
