El Gobierno avanzará sobre la flexibilización del comercio exterior, en línea con lo que ya hizo desde diciembre de 2023, y busca acortar los plazos de vigencia de las medidas antidumping, además de sumar otras dimensiones sobre la evaluación de las mismas. La industria pide más flexibilidad para el comercio, pero existe preocupación por el ingreso de insumos.
En la actualidad, Argentina es el tercer país con la mayor cantidad de medidas antidumping con 298, detrás de India (775) y Estados Unidos (620) y se ubicaría cuarta si incluimos a la Unión Europea (359) en el listado.
Del total de las medidas antidumping vigentes en Argentina, 53 son contra China, de las cuales 34 están en revisión.
En 2022, sobre el total de las importaciones, las gravadas por dumping representaron el 1,6%. Además, la mayoría de los aranceles aplicados a partir de investigaciones de dumping son inferiores al 100% del valor FOB de importación.
Las medidas de antidumping se aplican cuando un producto presenta un valor FOB inferior al que registra en el país de origen y se pueda demostrar que generaron un daño en una rama productiva nacional.
Es por esto que demandan períodos de investigación de 10 meses desde la denuncia, pero que pueden extenderse. El período de recopilación de los datos para determinar el daño son hasta 3 años completos más los meses disponibles del año en curso.
Entre las penalidades que se aplican están los derechos ad valorem (un porcentaje sobre el valor del bien importado), derechos específicos (un derecho por una cantidad fija de dólares por unidad del bien importado) o montos FOB mínimos (fija el valor mínimo por unidad que puede ingresar).
Las medidas pueden aplicarse por 5 años, renovable en base al pedido de la industria en cuestión. Es por esto que el Gobierno analiza acortar los tiempos actuales de duración de las medidas antidumping. A principio de año había trascendido que una de las opciones era reducirlos a 18 meses.
Otro de los cambios que contemplan es agilizar los procesos e incluir en el análisis para determinar o no que se aplicará una medida antidumping es la visión del consumidor.
Sobre este aspecto, el Gobierno ha implementado ya medidas sobre la importación con la expectativa de beneficiar al consumidor. El caso más claro es el de reducción de impuestos a las importaciones de la canasta básica vigente hasta diciembre.
En la investigación también se contempla la afectación a la competencia.
El exministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, advirtió la semana pasada que el sendero de flexibilización que persigue el Gobierno pondrá en tensión entre el beneficio del consumidor y el perjuicio a la producción local.
Por otro lado, la Unión Industrial Argentina (UIA) pidió la semana pasada avanzar con un sistema más ágil de antidumping y preservar las cadenas de valor de la competencia desleal, en especial de Asia.
Esto es algo que había alertado el presidente de Grupo Techint, Paolo Rocca, cuando pidió la unión de los eslabones de la siderurgia ante el posible ingreso de insumos difundidos de China.
La preocupación del sector se centra en la reactivación de la obra pública a través de convenios propios de las provincias y la recuperación de la actividad el año próximo, ya con menos regulaciones en el comercio exterior, que pueda generar un aluvión de importaciones.
