“Totalmente destruido”, así afirma el empresario Abraham Villacrés Barón que se la Corte Superior de Justicia de Lambayeque le entregó el edificio de su propiedad ubicado en la urbanización Lurín, manzana 04 lote 21, Chiclayo. En dicho espacio funcionó por más de 5 años el Módulo de Violencia contra las Mujeres y el Grupo Familiar del referido distrito judicial.
“Han hecho huecos y perforaciones en los pisos. Han hecho modificaciones en la circulación del edificio. Han roto paredes. Han sacado puertas y las han puesto en otro lugar. Incluso en el quinto piso han hecho un forado rectangular donde seguramente había una ventana para unir dos ambientes. Creo que lo han hecho para implementar una sala Gesell”, relató Villacrés a La República.
Según el dueño del edificio, el contrato suscrito entre ambas partes estipulaba que toda modificación tenía que ser comunicada y autorizada por él. Sin embargo, esta cláusula habría sido trasgredida por el personal de la Corte Superior. En el acuerdo la institución también se comprometió a devolver las instalaciones tal cual se les entregó. Es decir, explica el agraviado, si se hizo una modificación al interior, la entidad está en la obligación de restaurar a su estado original al momento de devolver el inmueble. “Ni lo uno ni lo otro. Si yo he roto algo, lo tengo que volver a construir. Estoy pidiendo lo que es justo”, protesta.
El conflicto que mantiene Villacrés Barón impide que pueda volver a poner en alquiler el edificio. Comenta que a mediados de este año el Ministerio Público buscaba un nuevo local y visitó sus instalaciones, pero el trato no prosperó porque “ellos no quieren meterse en problemas, en una situación en la que el edificio está destrozado”.
De acuerdo a una evaluación de parte, para reparar los daños en su propiedad se requiere más de 350.000 soles.
El estado deplorable en el que se encuentra el edificio no es lo único que reclama Abraham Villacrés Barón a la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Señala que, si bien el contrato venció el 31 de diciembre de 2023, el personal de la institución permaneció en el edificio hasta el 11 de marzo de 2024, día en el que recibe oficialmente las llaves del lugar.
“Hasta ese momento (11 de marzo de 2024) ellos han tenido que pagarme la mensualidad porque la propiedad estaba en su poder. Sin embargo, ellos solo me han pagado hasta diciembre (de 2023). Enero, febrero y hasta el 11 de marzo no me han pagado. ¿Por qué? Porque, según ellos, han estado haciendo los arreglos. Eso no implica que no me paguen porque todavía lo tienen en su poder”, exigió.
Asimismo, Villacrés asegura que la Corte se retiró del edificio sin cancelar los recibos de luz y agua e, incluso, los arbitrios municipales. “No hay ningún criterio lógico para que ellos vengan con ese comportamiento indecente. Me tienen que pagar hasta el último día que han tenido mis llaves”, recalcó.
Debido a que no habría recibido una respuesta favorable por parte de la Corte de Lambayeque, Abraham Villacrés no descartó iniciar una serie de acciones legales contra el Estado por los daños contra su propiedad y las deudas que mantienen. “Eso se lo dejo a mis abogados. Si ellos tienen a bien iniciar acciones, ellos sabrán. Pero yo esto no lo voy a dejar en Lambayeque, se va a ir hasta las últimas instancias en Lima”, dijo.
“Yo me voy a ir a Lima porque aquí en la región no se hace nada. Lo voy a hacer público a nivel nacional. Todo el mundo se va a enterar que estos señores no han tenido honor, dignidad. Lo peor de todo, ellos administraban justicia, pero no eran justos”, agregó.
