El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, fue cuestionado en el dominical Punto Final sobre la demanda constitucional que presentó ante el Tribunal Constitucional contra la ley de extinción de dominio y negó que esta acción haya sido con la intención de intervenir en la situación legal de su hermana, quien viene afrontando un proceso legal por supuesto delito de contrabando.
"Nunca voy a caer bajo para poder yo, en mi representación de la Defensoría, ir a defender a una persona o a otra, siendo familiar o un anterior cliente", expresó Gutiérrez. Además, lamentó que este tema se convierta en discusiones 'banales e injustas', sobre todo viniendo de otras instituciones estatales a las cuales respeta.
"La verdad es que, con esto, no se pretende defender a nadie. Lo que estamos pretendiendo es que el supremo intérprete pueda revisar y decir si esta norma está bien o mal", acotó Josué Gutiérrez sobre la normativa de extinción de dominio.
Finalmente, también se pronunció sobre la situación del prófugo Vladimir Cerrón, a quien en su momento defendió legalmente como su abogado y quien también podría ser beneficiado con la demanda presentada. "Les digo a todos los que, quizás, temen someterse a la justicia que entren, porque tienen que responder ante ella y, como Estado, debemos velar porque a todo procesado se le garantice el debido proceso", puntualizó.
La Fiscalía de Huánuco incautó un vehículo valuado en más de 820.000 soles, perteneciente a la empresa de Sara Gutiérrez Cóndor, hermana del Defensor del Pueblo, por un presunto delito de contrabando. Aunque este caso podría ser parte del trabajo rutinario de la Fiscalía Especializada en Extinción de Dominio, Josué Gutiérrez interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la norma que rige estos procesos ante el Tribunal Constitucional.
Gutiérrez, que presentó la demanda el 2 de agosto de 2024, negó que su intención fuera favorecer a su hermana, a pesar de la coincidencia en fechas entre su recurso y el proceso contra la empresa de Sara Gutiérrez, que inició en octubre de 2023.
Ante las acusaciones de un posible conflicto de intereses, Gutiérrez argumentó que su acción no busca beneficiar a familiares o amigos, sino que se trata de una cuestión de derechos fundamentales.
La Junta de Fiscales Supremos rechazó unánimemente la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Defensor del Pueblo contra la Ley de Extinción de Dominio (Decreto Legislativo N.º 1373). En su comunicado, instaron al Tribunal Constitucional a declarar infundada la demanda, subrayando la relevancia de esta ley en la lucha contra la informalidad patrimonial y la criminalidad en el país.
Los fiscales aclararon que la extinción de dominio no constituye una confiscación ni expropiación, sino una medida para restaurar el orden jurídico. Explicaron que la ley permite recuperar bienes adquiridos ilegalmente, relacionados con delitos como corrupción, crimen organizado y minería ilegal, mediante un proceso judicial que respeta el debido proceso y protege a terceros de buena fe.
Finalmente, advirtieron que, si prospera la demanda, esto representaría un grave retroceso en la lucha contra la criminalidad y la informalidad económica, y sería contrario a tratados internacionales como la Convención de Viena, la Convención de Palermo y la Convención de Mérida.
