Continúan los cuestionamientos tras la revelación de Ciper de más de $619 millones que asignó el Ministerio de Justicia -vía trato directo- a la empresa privada de análisis de datos, Unholster, para el desarrollo de una plataforma de búsqueda de detenidos desaparecidos.
La cartera es cuestionada además porque cinco meses antes había adjudicado una licitación a la misma empresa por $98 millones con el objeto de diseñar un anteproyecto para esta plataforma que busca ayudar a gestionar la información recabada en el marco del Plan Nacional de Búsqueda (PNB).
Decisión que motivó la salida de un histórico miembro del PNB y ex detective de la Policía de Investigaciones (PDI), Sandro Gaete, y, además, el envío de un oficio por parte de parlamentarios del PC al Ministerio de Justicia para que se expliquen los motivos del trato directo.
La diputada María Candelaria Acevedo señaló que “me parece que es insólito que no se respeten a las organizaciones, no se les ha hecho una consulta y, por lo tanto, creemos que es necesario que hoy día haya esta investigación, la cual hemos solicitado, para conocer los detalles de forma exhaustiva con respecto a este trato directo y que se pueda licitar como corresponde“.
Mientras que, la directora de Londres 38, Erika Hennings, miembro del comité de seguimiento y participación del PNB, afirmó que “es lamentable que estemos en esta discusión considerando la urgencia del plan a 50 años. Lo más importante para mí es que estas dificultades que se han presentado no obstaculicen el avance del plan. Lo segundo, me parece súper relevante que en adelante no existan problemas tan importantes de comunicación y transparencia respecto de estos procesos”.
La abogada hizo hincapié que la mesa técnica de archivos dio cuenta de una cantidad de documentos “inconmensurables” que ameritaban una herramienta de gran magnitud. “Ojalá que hubieran todavía muchos más recursos para dar curso al desarrollo del plan, lo que sí, lo del trato directo entiendo por la información que también hemos tenido y lo que conocemos, no es ilegal. Aunque es cierto que hay una urgencia, si se licitaba se pudo haber hecho la licitación completa”, afirmó.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la recién asumida subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, aseguró haber realizado una “cuidadosa” revisión administrativa del paso a paso en estas asignaciones y afirmó, como será constatado en la respuesta al oficio, sentirse “con harta confianza de transmitir tranquilidad y seguridad de que aquí no hubo ninguna infracción a la normativa administrativa ni de compras. Hubo un primer ejercicio de licitación pública y la continuidad se fue dando en los pasos siguientes cumpliendo todos los requerimientos y requisitos”.
Ante la falta a nivel interno de una plataforma informática de grandes características, la subsecretaría indicó que se tomó “la definición de ejecutar un presupuesto de gran magnitud, soy consciente de eso, lo que me parece que es una buena noticia que como Estado estemos haciendo esfuerzos, haciendo un ejercicio de gran envergadura con el PNB”.
“Hemos sido bien serios y responsables en la forma de administrar este desafío que nos plantea el Presidente de la República cuando compromete y nos hace avanzar en el Plan Nacional de Búsqueda (…) En buena hora estamos destinando un recurso de envergadura para poder avanzar en este desafío grande que tiene muchas décadas de retraso, por lo tanto, el sentido de urgencia para nosotros institucionalmente es muy importante”, recalcó.
Consultada respecto a oferentes que significaban un menor costo para el Estado, la subsecretaria afirmó que “efectivamente había algunas plataformas que tenían acercamientos o experiencias similares en el cono Sur, a nivel internacional también las hay, pero ninguna de ellas respondía integralmente a la necesidad que había en ese momento que era el desarrollo de esta plataforma para poder utilizar la ciencia de datos y la inteligencia artificial para el análisis de una magnitud gigantesca de información, tanto de las comisiones de verdad como de los procesos judiciales como eventualmente de otras unidades documentales”.
“Ninguna de las que teníamos en ese momento a la vista cumplía cabalmente y, por lo tanto, se hacía indispensable, precisamente por el sentido de urgencia, desarrollar una plataforma con determinadas características y eso se hizo a través de una licitación pública en la que podrían haber participado como oferentes cualquiera de estas instituciones que estaba desarrollando estos esfuerzos. Tuvimos cuatro ofertas, la de Unholster fue la que tuvo el mejor puntaje en el análisis técnico y económico, y por lo tanto, esa fue la que se contrató”, explicó.
En esa línea, garantizó que desde la cartera de Justicia “tomamos todos los resguardos posibles para que esa primera licitación no generara para la empresa, que había ganado, una ventaja comparativa con otra en términos de propiedad de los softwares, hay toda una dimensión administrativa que pronto podremos entregar de manera documental para su análisis tanto para la Cámara en su rol fiscalizador como para la ciudadanía”.
“Se consideró, precisamente por el sentido de urgencia, que lo más conveniente era en ese momento, en la administración del subsecretario Altamirano, poder avanzar en un trato directo para continuar con el desarrollo de la plataforma y cumplir los tiempos que están establecidos en el decreto del Plan Nacional de Búsqueda”, señaló.
Respecto a los cuestionamientos internos que han surgido sobre la gestión de la cartera, Quintanilla respondió que “tenemos todos los canales institucionales y administrativos para hacer ver nuestras impresiones técnicas, políticas y jurídicas, y yo lamento que esas repercusiones o insuficiencias que se reclaman vía prensa no hayan sido presentadas oportunamente a nivel interno. Quizás de esa manera se hubieran podido resolver de mejor manera”.
“Lo más importante es mirar hacia el futuro, acusar recibo de las cosas que hemos hecho bien y mal, por cierto, mejorar los canales de comunicación, eso es bien imprescindible, las agrupaciones nos lo han hecho ver con harta fuerza, y en eso tenemos que mejorar en la forma y oportunidades en que entregamos la información porque esta es una política de Estado que ha tenido un apoyo bien transversal y eso hay que cuidarlo mucho”, finalizó.
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