La Contraloría General de la República (CGR) envió a la Sala IV, este lunes, una consulta de constitucionalidad sobre la nueva versión de la “ley jaguar”. La gestión enviada por Marta Acosta, contralora general, pide a los magistrados declarar inconstitucionales tres de los cinco artículos del proyecto. Se trata de los numerales 2, 4 y 5.
Para la contralora, el segundo texto pretende suprimir competencias constitucionales y legalmente atribuidas a la CGR, además de que permitiría realizar contrataciones a dedo, promoviendo la corrupción y la desviación de poder
La Contraloría advirtió de que la nueva versión de la “ley jaguar” mantiene la esencia del proyecto original, el cual fue retirado de la corriente legislativa después de que la Sala IV declaró inconstitucionales cuatro artículos consultados por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Las normas buscaban eliminar las herramientas que el ente fiscalizador utiliza para vigilar el erario público.
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La consulta alerta que el segundo texto incurre en vicios similares a los ya declarados inconstitucionales.
Sobre el artículo 2, la CGR argumentó que es inconstitucional porque pretende modificar el numeral 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría, para restar sus potestades de control lesionando los artículos 11, 182 y 183 de la Constitución Política.
La propuesta eliminaría el párrafo según el cual las órdenes de la CGR son de acatamiento obligatorio para las instituciones y, en su lugar, se establecería que el órgano contralor no puede “sustituir” ni “abarcar” las funciones de la administración activa.
“Es evidente que la intención no es fortalecer o aclarar el ejercicio de las competencias constitucionales y legales del órgano contralor. La reforma cercena competencias y genera un vaciamiento del contenido sustancial de las funciones al tener la prohibición un impacto transversal”, indica el documento enviado a la Sala.
Asimismo, la CGR explica que, al plantearse una redacción prohibitiva en relación con dos verbos (sustituir y abarcar), se pretende afectar todas las funciones, decisiones y actuaciones del ente fiscalizador.
“Incorporar una prohibición a partir de verbos tan amplios produce una grave incompatibilidad en relación con todas las funciones de la CGR, lo que progresivamente generaría su inaplicabilidad con nefastas consecuencias para el sistema de control de la Hacienda Pública y contrariando copiosa jurisprudencia de la Sala Constitucional”, agrega la consulta.
En cuanto a las reformas propuestas a los artículos 67 de la Ley General de Contratación Pública y 5 bis de la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva), la Contraloría alertó que están destinadas a permitir las contrataciones a dedo.
“Permitirían a las personas funcionarias públicas escoger de forma subjetiva a los contratistas para el diseño y construcción de obra pública, lo cual promueve la corrupción y la desviación de poder en la función pública, y transgrede los principios constitucionales de licitación”, dice la Contraloría.
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