Los diputados aprobaron una reforma legal que redistribuye el 11% de los $27 recaudados por el impuesto de salida aérea que paga cada viajero. Estos fondos serán reasignados a aeropuertos de las provincias, aeródromos, al combate contra la trata de personas y a la seguridad aeroportuaria.
Actualmente, los recursos se distribuyen entre el Gobierno Central (45%), el Consejo Técnico de Aviación Civil (Cetac) por derechos aeroportuarios (47,6%), el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, en Pavas, San José (3,7%), y la lucha contra la trata de personas (3,7%).
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Con la reforma formulada por María Marta Carballo, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), $3 del tributo se redistribuirán de la siguiente manera:
$1 a los aeropuertos de Limón y Daniel Oduber Quirós, en Liberia; $1,15 a otros aeródromos estatales para ampliación y modernización; $0,15 a la lucha contra la trata de personas; y $0,70 al Servicio de Vigilancia Aérea y a la Policía Profesional de Migración.
Para lograr esta reasignación, se reducirá un 20% ($2,5) de los fondos que recibe el Gobierno Central y la mitad ($0,5) de los recursos asignados al Aeropuerto Tobías Bolaños.
En cuanto a los recursos para Vigilancia Aérea, estos deberán ser utilizados para equipar al personal policial en los puestos de seguridad de los aeropuertos internacionales, adquirir equipos de aviación y realizar inspecciones de pasajeros en dichos aeropuertos.
Además, para financiar repuestos y capacitaciones técnicas en Seguridad de la Aviación Civil Internacional (AVSEC) y otras áreas técnicas aeronáuticas. También se destinarán fondos para las labores de protección de la soberanía nacional en el espacio aéreo.
Por su parte, los recursos asignados a la Policía Profesional de Migración se destinarán a la dotación de personal policial, así como a la adquisición de equipamiento y la capacitación del personal en los puestos de ingreso y salida de los aeropuertos internacionales.
La reasignación de recursos sería de $7,7 millones anuales, considerando que el impuesto de salida del país recauda alrededor de $70 millones anuales, según el despacho de la legisladora.
El plan se aprobó en definitiva en el plenario legislativo, con el voto de 43 diputados, el 13 de agosto.
“Costa Rica, por años, ha dejado de lado el desarrollo aeroportuario, muchas veces por falta de recursos. Con esta iniciativa, pretendemos brindar los recursos financieros necesarios para mejorar la infraestructura”, explicó la diputada Carballo.
Además, mencionó que el apoyo al Aeropuerto de Limón permitirá realizar mejoras para conservar su categoría internacional.
La justificación del proyecto incluye titulares de medios nacionales que reportan largas filas en aeropuertos como el Juan Santamaría durante la temporada alta.
Según el texto, esta problemática se debe a cuestiones de infraestructura y a la escasez de personal policial, además de las numerosas quejas ciudadanas sobre el mal estado de los aeródromos locales y los riesgos que esto representa para la operación aérea en Costa Rica.
“Por eso surge la necesidad de actuar con responsabilidad y destinar los recursos generados por la aviación al mejoramiento de los elementos implicados en ella”, añade la exposición de motivos.
El proyecto también subraya que, con la redistribución de los ingresos, se fortalecerá la infraestructura y seguridad de los aeropuertos internacionales y aeródromos estatales del país, se dinamizará la economía y el sector turismo.
