Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera presidenta de México con el peso de los 35 millones 924 mil 519 votos que la Coalición Sigamos Haciendo Historia alcanzó en las elecciones del 2 de junio, 59.76% de la votación total. Así, el jueves pasado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dio por concluido el proceso electoral presidencial y procedió a la entrega de la Constancia de Presidenta Electa.
Siendo un acto histórico de gran trascendencia para la vida pública de nuestro país y de la lucha de las mujeres por alcanzar condiciones de igualdad en su participación política, no podemos soslayar el entorno en el que se desarrolló un proceso electoral que ha concluido, pero que deja diversos aspectos sin resolver, que en voz de la magistrada Janine Otálora deben calificarse como fallas y que, en coincidencia, fueron señaladas por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, como insuficiencias del marco jurídico que impidieron atender una realidad política que desbordó la capacidad de contención de las autoridades electorales.
En efecto, ambos reconocieron el mandato que entraña la participación ciudadana, pero sin que sea óbice para identificar las falencias del proceso y analizarlas en contraste con los resultados de la votación. La identificación de temas que no fueron corregidos por las autoridades electorales es contundente, como fue el desahogo anticipado de precampañas, que se dieron fuera de los plazos legales del proceso electoral y que, para permitirlas, en su momento, la votación mayoritaria de las magistraturas las calificó como procesos políticos inéditos para investir de legalidad a un fenómeno que implicó una clara transgresión a la ley, que volvió inoperante el rol del Tribunal y demostró la ineficacia del marco electoral que nos rige.
Las mañaneras, en opinión de ambas magistraturas, son la demostración cotidiana de la violación sistemática a las restricciones que el artículo 134 constitucional impone a los servidores públicos para no intervenir en las elecciones, el escenario permanente para atacar a una candidata y para defender a otra y, por ello, Reyes Rodríguez planteó la urgencia de que se emita la ley reglamentaria del 134 para incorporar un esquema eficaz y disuasivo de la conducta de los servidores públicos.
Sobre la violencia que se vivió durante el proceso electoral, Otálora formuló una reflexión que no puede pasar desapercibida: durante meses recibimos la noticia de que una persona más se sumaba a la lista de candidaturas asesinadas, ¿es el crimen organizado un actor autónomo o un coadyuvante? Tema que el magistrado Felipe de la Mata casi ignoró, pese a las reflexiones que formuló al inicio del proceso electoral.
Las autoridades electorales también fueron incapaces de corregir asuntos como el uso electoral de los programas sociales, que sirvieron para apuntalar la estrategia electoral oficialista y para garantizar la base electoral de Morena y sus aliados. Adicional a la identificación de estas fallas, debe recordarse que el Tribunal declaró infundados e inoperantes los agravios expresados por la oposición en las demandas interpuestas en contra de los resultados de la elección y, de hecho, a la candidata opositora ni siquiera le reconoció interés jurídico en la demanda que interpuso.
La elección presidencial ha concluido, pero en el recuento de los hechos no debe soslayarse que la mayoría de magistraturas de la Sala Superior convirtió la amplia participación electoral vertida en las urnas en favor de la presidenta electa, en su argumento más sólido para declarar que el proceso electoral fue terso, con hechos de violencia focalizados en lo municipal que no trascendieron al ámbito federal y sin que la intervención del presidente haya sido ni sistemática ni determinante. Creo que, al final, a esa mayoría, le faltó ofrecer una disculpa a López Obrador.
