El pasado jueves se le entregó a Claudia Sheinbaum la constancia de presidenta electa, lo que podríamos calificar como parte de la normalidad democrática. Sin embargo, lo manifestado por ella ese mismo día debe ser motivo de atención y reflexión. Van algunas ideas al respecto.
Quien pensaba que podría dar un giro en la conducción del país una vez electa, creo que se equivocó, ya que lo que manifestó en sus discursos tanto en el Tribunal Electoral como posteriormente ante sus seguidores, reafirma su lealtad a López Obrador y su concordancia con el diagnóstico de la situación actual del país y lo que hay que hacer para atender sus problemas y conducirnos a un futuro “manifiesto”.
Podemos extraer muchas expresiones que confirman lo anterior, pero me detendré en particular en dos: primero, en la sala de plenos del TEPJF, dirigiéndose a las autoridades electorales –magistradas, magistrados, consejeras y consejeros electorales– les dijo que está segura de que en el momento en que asignen a los legisladores que integrarán el Congreso de la Unión, lo harán bajo la misma perspectiva que el tres de junio expuso la secretaria de Gobernación ante el presidente de la República, según la cual la coalición gobernante tendrá el 74% de las curules de la Cámara de Diputados a pesar de que solamente recibió el 54% de los votos para ese efecto.
Habrá quien diga que estaba en todo su derecho de hacerlo. Lo que llama la atención es que lo haya hecho al momento en que recibió su constancia de presidenta electa e inmediatamente después de afirmar que gobernaría para todas y todos los mexicanos, y es que con su dicho contradice lo anterior al pretender conformar una Cámara de Diputados que no atiende a la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas y por ende no reconoce la diversidad y la pluralidad de la sociedad mexicana.
En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, dirigiéndose a lo que será su fracción parlamentaria, la instruye para la aprobación de las reformas propuestas por AMLO, en particular la del Poder Judicial.
Y es así como, inmediatamente al día siguiente, se presentó el dictamen de la reforma judicial federal, el cual se someterá a la consideración de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados el próximo lunes y posteriormente a la nueva legislatura.
No hay pausa, hay prisa.
De la lectura de la iniciativa, si bien se dice que hubo más de cien cambios a la enviada por el presidente, estos son de forma y para la operación de la misma, pero no se toca en absoluto el fondo, a pesar de que en los foros predominó la advertencia del riesgo de elegir ministros, magistrados y jueces a través del voto popular.
Lo que puede parecer una iniciativa democrática que equipararía la elección de quienes administran la justicia en el país a la de legisladores y ejecutivos, no considera la naturaleza de la función de este tercer poder, ya que su tarea no es representar a alguien en lo particular, sino hacer cumplir el pacto social y dirimir, a través de las normas derivadas del mismo, las diferencias entre nosotros y ante el ejercicio del poder.
Esa delicada tarea de impartir justicia debe recaer en manos de profesionales que, por sus méritos, vayan ascendiendo en la escala de responsabilidad y que tengan como baluarte fundamental el marco normativo y su autonomía e independencia ante el resto de los actores sociales, económicos y políticos, cuestión que estará en duda si para llegar y mantenerse en esa responsabilidad tendrán que granjearse el beneplácito de los electores, quienes a su vez son sobre los que recaen sus sentencias.
Se podrá aducir que hay experiencias internacionales al respecto, sin embargo, hay que decirlo con claridad, son casos muy contados y generalmente referidos a ámbitos locales y a funciones judiciales específicas.
Veamos el tan citado caso de Bolivia. La experiencia es corta, data del 2013 y está en proceso la tercera elección, por cierto con muchos cuestionamientos que han derivado en que el proceso electoral que llevará a la renovación de jueces –reemplazo que debió acontecer el pasado el 2 de enero– aún no pueda concluirse. Por cierto, en Bolivia solo se elige a 54 funcionarios del Poder Judicial, la mitad de ellos suplentes. En cambio, la iniciativa que se está proponiendo para nuestro país implicaría elegir a cerca de mil 700 funcionarios judiciales y eso solo considerando el ámbito federal. La iniciativa prevé que las 32 entidades de la República modifiquen sus respectivas constituciones para instaurar un régimen electivo similar.
Lo anterior, además, implicará un reto logístico, operativo y económico que nunca hemos conocido previamente para la organización de cualquier elección, ya que si bien el pasado 2 de junio estuvieron en disputa más de 20 mil posiciones ejecutivas y legislativas en el país, estaba muy bien delimitado el número de electores para cada uno de los casos y máximo cada ciudadano tuvo frente a sí seis boletas electorales. Y en el caso de la reforma propuesta, podríamos vernos al menos ante decenas de ellas.
Recordemos que así como la reforma al Poder Judicial, de la que solamente he referido algunos aspectos, el llamado “Plan C” que se está dictaminando implica 18 reformas constitucionales y 2 legales. Algunas de ellas tendrán gran impacto en la vida política, democrática y social, como las que tienen que ver con los órganos autónomos y su eventual desaparición o la formalización del paso de la Guardia Nacional al Ejército o la reducción de la autonomía e independencia de las autoridades electorales.
Se trata de cambios de gran envergadura en el diseño del Estado mexicano. Lo que, no me canso de repetir, no estuvo en juego en las pasadas elecciones y la voluntad ciudadana manifiesta en las urnas no lo mandató.
POSDATA: En los próximos días, el INE y TEPJF tomarán decisiones que marcarán la vida democrática del país.
