Francina Armengol cumple año en su cargo como presidenta del Congreso de los Diputados, un periodo marcado por la convulsa relación del partido de Gobierno con sus socios independentistas y en la que la acción de la expresidenta de Baleares ha sido clave para garantizar la continuidad de Pedro Sánchez en Moncloa.
Armengol fue rescatada por el presidente del Gobierno tras las elecciones autonómicas del 28-M, cuando no logró revalidar el Gobierno de las Islas Baleares. Desde entonces, su mandato ha estado bajo la lupa, tanto por sus guiños a independentistas para corresponderles por su apoyo prestado para presidir el Congreso, como por su falta de neutralidad o manga ancha con sus aliados y mano dura con la oposición.
Ya el acuerdo para que resultara elegida presidenta del Congreso generó una gran controversia: el PSOE cedió para llevar el uso del catalán, euskera y gallego a la UE, reactivar las comisiones de investigación para investigar el caso de espionaje «Pegasus», además de la creación de una comisión de investigación sobre los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils, así como el «sí» de la Mesa del Congreso –de mayoría progresista– para permitir a Junts tener grupo parlamentario propio, lo cual es una ventana de oportunidades: más tiempo en intervenciones y una fuente de ingresos extra para el partido independentista.
Unos pactos que soliviantaron a la oposición desde el primer momento, y a los que se unió, nada más llegar Armengol a la Cámara Baja, una «purga» de letrados en el Congreso con el objetivo de aupar a un afín al PSOE, al hasta entonces subsecretario de política territorial, Fernando Galindo, como nuevo secretario general de la Cámara. Un movimiento de gran calado para los objetivos de los socialistas, dado que su predecesor, Carlos Gutiérrez Vicen, se opuso en 2021 con un informe muy crítico a una proposición de ley de la amnistía presentada por los independentistas. Por tanto, el objetivo de situar a Galindo al frente de los servicios jurídicos era allanar la tramitación parlamentaria de la medida de gracia: es decir, evitar un pronunciamiento en contra de los letrados que echara por tierra la ley necesaria para que la legislatura continuara.
Así, la amnistía fue facilitada por la propia Armengol al dar admisión a trámite a la ley, fue el «brazo ejecutor» de Sánchez en el Congreso, a pesar de contar con un informe en contra de los juristas de la Comisión de Justicia que evaluaba la ley de amnistía y que el propio Galindo no pudo frenar. De hecho, el malestar por la tramitación de la norma fue tan evidente que propició la salida en cascada de varios letrados del cuerpo de juristas del Congreso, que o bien dimitieron o se fugaron al Senado por su malestar con la tramitación de la ley.
Su neutralidad, debida por el cargo que ocupa como tercera autoridad del Estado, también se encuentra en entredicho desde que aterrizó en la Cámara Baja. Debe ejercer como moderadora en Pleno, pero en múltiples ocasiones ha permitido que los independentistas carguen contra los jueces desde la tribuna, sin consecuencias. Especialmente, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha atacado en numerosas ocasiones a los jueces, mientras que desde Presidencia del Congreso se escudaban en la «libertad de expresión» de los diputados y pedían que fuesen sus propias señorías quienes debían «defender sus ideas sin provocar ofensas innecesarias». La presidencia del Congreso hacía oídos sordos a las peticiones de PP y Vox para que retirara del diario de las Cortes los insultos a jueces o amonestar a los diputados. Desde el PP criticaban a Armengol por «dejación de funciones sin precedentes». De hecho, los populares acusaron su falta de decoro y registraron quejas que quedaron en el cajón ante sus «actitudes partidistas» al frente de la Cámara Baja.
Pero si hay algo que ha marcado su mandato al frente del Congreso ha sido la sombra de la sospecha por su implicación en el «caso Koldo». Concretamente por su responsabilidad en la compra de mascarillas a la trama corrupta. El Govern balear entonces presidido por Armengol, emitió un certificado en el que aseguraba que Soluciones de Gestión, la empresa investigada en el «caso Koldo», les había suministrado «de manera satisfactoria» una partida de mascarillas a cambio de 3,7 millones de euros. Poco después el Centro Nacional de Medios de Protección avisó de que las mascarillas eran defectuosas. La presidenta negó en las comisiones de investigación en las Cortes ser conocedora de la trama, así como la legalidad de los contratos.
