La noticia publicada ayer por ABC , que refleja el gasto de los contratos de traductores de lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados, provocó que desde el Partido Popular (PP) pidieran otra vez la dimisión de la socialista Francina Armengol, presidenta de la Cámara Baja. Los populares no tardaron en reaccionar ante la información. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, recordó ayer, mediante su cuenta de X (antes Twitter), que desde su formación no dejarán de « reclamar su dimisión » debido a las numerosas polémicas que afectan a la presidenta. El ataque de Tellado hacia Armengol fue causado no solo por los 780.546 euros que costaron los 249 contratos menores en servicios de traducción desde el pasado septiembre, sino también por cómo fueron aprobados o convalidados los mismos. Cada uno fue firmado por un máximo de 14.999,99 euros, un céntimo menos que el límite para tener que licitarlos vía concurso público. El portavoz del PP aprovechó también para recriminar « la docilidad y connivencia » de Armengol con los independentistas y con su partido, que necesitaró el apoyo de ERC y Junts para que la socialista balear presidiese la cámara. Esta «connivencia» ha provocado imágenes controvertidas en el Congreso, como cuando los diputados de Vox abandonaron la Cámara Baja durante el estreno del sistema de traducción o la decisión de Junts de expresarse únicamente en catalán a los medios de comunicación, aun cuando no disponen de traductores en el hemiciclo. Esta no ha sido la única vez que los populares han exigido la dimisión de Armengol. Desde la formación denuncian, todavía, la implicación de la presidenta de la Cámara Baja en la trama Koldo. «Es la presidenta del Congreso sólo por su implicación en la trama Koldo », incluyó el portavoz del PP en su publicación de ayer. El mismo Tellado ya reclamó en marzo la dimisión de Armengol en el Congreso mediante un escrito, explicando que ella no es una «víctima» sino una « presunta colaboradora necesaria de esta estafa ». Por último, el portavoz ha acusado a Francina Armengol de convertir «la cámara en el banco de pruebas de La Moncloa » debido a los numerosos escándalos que han implicado a la tercera autoridad del Estado en apenas un año.
