Junta Directiva del CAL informó que se encuentran evaluando la posibilidad de presentar demandas de inconstitucionalidad para que las cuestionadas normas no prosperen.
El 9 de agosto, a través de las redes sociales, el Colegio de Abogados de Lima se pronunció luego de que se conocieran las promulgaciones de las leyes de lesa humanidad y la modificación de la norma que lucha contra el Crimen Organizado y rechazaron estos actos que perjudicarían a la ciudadanía y al Ministerio Público respecto a las investigaciones que se llevan a cabo.
En ese sentido, la mencionada entidad advirtió que durante las diferentes etapas que se dieron en el Congreso de la República sobre estas iniciativas existió una "falta de criterios técnicos jurídicos". Asimismo, realizaron un llamado a los nuevos presidentes de las comisiones de Constitución y Justicia para realizar un trabajo en conjunto con "especialistas y académicos" con los conocimientos necesarios para obtener "mejores resultados".
Además, la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima anunció que se encuentran evaluando la posibilidad de presentar demandas de inconstitucionalidad ante las instituciones que competan para que estas leyes no prosperen.
"El Colegio de Abogados de Lima advierte sobre la falta de criterios técnicos jurídicos en diversos proyectos de ley que vienen siendo discutidos por el Congreso de la República, como son los casos anteriores. En ese sentido, vuelve a extender a los presidentes de las diferentes comisiones como Constitución y Reglamento y Justicia y Derechos Humanos, a fin de trabajar en conjunto reformas con los más destacados expertos y académicos de nuestra orden para obtener mejores leyes a favor de la ciudadanía. Finalmente, la Junta Directiva, está evaluando la posibilidad de presentar las demandas de inconstitucionalidad para las referidas leyes", se lee en la parte final del comunicado emitido por la mencionada institución este último viernes 9 de agosto.
En esa línea, el Colegio de Abogados de Lima informó que el pasado 7 de julio emitió un pronunciamiento respecto a la aprobación de las mencionadas normas en segunda votación en la Comisión Permanente del Poder Legislativo. Después de dicho acto, exhortaron al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte a "prevalecer la primacía de la Convención Internacional" en cuanto a la propuesta legislativa de lesa humanidad y crímenes de guerra que ahora podría prescribir delitos cometidos por los acusados antes del 2022.
"El Colegio de Abogados de Lima, mediante Pronunciamiento de fecha 7 de julio del presente año, exhortó al Poder Ejecutivo a prevalecer la primacía de la Convención Internacional, en tanto que la propuesta de ley sobre las precisiones al alcance del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra vulnerarían el Convenio sobre imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional", indican.
El CAL ratificó su posición sobre la denominada 'Ley de Amnistía' y enfatizaron que esta norma vulnera "el Convenio Internacional" ratificado por el Congreso en el 2003, al impedir que los fueros internacionales puedan procesar a los acusados responsables de dichos actos punibles.
"El Colegio de Abogados de Lima ratifica su posición de que la Ley N° 32107 vulnera el Convenio Internacional ratificado por el Congreso peruano en el 2003; al impedir que la justicia internacional pueda procesar a las personas responsables de dichos delitos", sostienen.
La institución de abogados de Lima señalaron que, en su momento, rechazaron las modificaciones que se pretendían hacer cuando la nueva ley contra el Crimen Organizado todavía se encontraba en el Congreso de la República. Manifestaron que estas acciones podrían generar consecuencias graves contra la criminalidad.
"Con relación a la ley N° 32108, el Colegio de Abogados de Lima mediante comunicado N°21-2024/CAL rechazó las modificaciones a la mencionada normativa, expresando su preocupación por los cambios de definición y requisitos a toda organización criminal, posición respaldada por el Coordinador de las fiscalías contra el Crimen Organizado. Dichas modificaciones podrían traer graves consecuencias en la lucha contra el crimen organizado", se lee.
