Los inquilinos dejaron a deber, de media, más de 7.600 euros el año pasado, un 0,85% más que en 2022. Cataluña es el territorio con las deudas más altas, ya que adeudaron 10.425 euros
Tomás es propietario de un piso en Parla (Madrid) y el año de la pandemia, decidió alquilárselo por unos 570 euros al mes a un matrimonio. Al poco tiempo "empezaron los problemas". Y es que, tras estar tan solo un par de meses en la vivienda, comenzaron los impagos de la renta.
"Siempre me estaban dando excusas y era la misma película: que si les habían despedido de la empresa o que el jefe les debía dinero. Me decían que me iban a pagar, pero nunca llegó", explica a LA RAZÓN.
El propietario de este piso sabía que la economía de muchas familias se vio resentida cuando llegó el coronavirus, por ello, decidió "perdonarles" unos meses, los cuáles podían pagárselos cuando se recuperasen. Sin embargo, los impagos cada vez fueron más recurrentes hasta noviembre de 2023, cuando Tomás dejó de recibir renta alguna. "Dejaron de pagar y empezó un procedimiento judicial que duró más de dos años. Al final salieron de la casa dejando una deuda grande de suministros y de alquiler, además de daños", asegura a este diario. Tanto es así, que el descubierto superaba los 10.000 euros.
Pero el caso de Tomás no es único, sino que este se produce con más frecuencia de la deseada para los propietarios. El año pasado los inquilinos dejaron a deber, de media, 7.608,34 euros, un 0,85% más que en 2022. Cataluña es el territorio con las deudas más altas, ya que estas alcanzaron los 10.425 euros, seguido por Baleares (9.663 euros), Madrid (9.550 euros) y País Vasco (7.939 euros), todos ellos por encima de la media nacional, según el estudio sobre Morosidad en Arrendamientos Urbanos en España en 2023, elaborado por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos.
La pérdida de un empleo o un hecho puntual como un gasto imprevisto pueden hacer que el inquilino deje de pagar el alquiler. No obstante, en otras ocasiones, los arrendatarios se dedican de forma profesional a estafar a los propietarios. Los "inquiokupas" o morosos profesionales son aquellos que "en lugar de acceder a una vivienda por la fuerza para su ocupación, como haría un okupa tradicional, lo hace a través de un contrato legal de arrendamiento para, al poco tiempo, dejar de pagar las mensualidades del alquiler", tal y como explican desde Alquiler Seguro.
La morosidad supone un perjuicio considerable para el propietario, ya que no solo deja de percibir unos ingresos mensuales con los que contaba, sino que tampoco puede disponer de su vivienda. "Con ese alquiler estoy pagando la hipoteca de la casa en la que vivo. No me hunde, pero me hace mucho daño", asegura Tomás.
Esta situación también desincentiva la oferta y dificulta el acceso a una vivienda. En este sentido, el propietario de este piso en Parla asegura que tras el desalojo de estos inquilinos, tenía miedo de volver a poner el piso en alquiler, ya que no quería «meterse» en otra situación similar.
Además de la evidente problemática que supone para los propietarios la morosidad de los inquilinos, existen otros riesgos a los que deberán hacer frente y que elevarán, aún más, los costes, como los destrozos y desperfectos que pueden producirse mientras la vivienda está siendo ocupada. Tomás, una vez consiguió echar a estos arrendatarios, no solo halló desperfectos en el inmueble, sino que también descubrió que estos habían dividido una habitación en dos para subarrendarla. «Habían hecho una habitación más por su cuenta y la alquilaron. En el contrato ponía bien claro que eso no estaba permitido», asevera. Ante este escenario, tilda de «excusas» los motivos que les daba el matrimonio para no pagar el alquiler, ya que considera que, con el dinero que obtenía del subarrendamiento, podría haber pagado la renta que ni siquiera llegaba a los 600 euros: "Era muy barato. Alquilas ahora una habitación y te vale un poco menos", sostiene.
Ante este escenario donde los morosos profesionales están a la orden día, desde Alquiler Seguro explican que existen una serie de patrones que se repiten en estos inquilinos. Un caso que es habitual consiste en que el «inquiokupa» ponga el contrato de alquiler a nombre de una sola persona, pero que después entre a vivir más gente al inmueble, algo que le ocurrió a Tomás. Las excusas también son algo común en estos arrendatarios y aunque puedan «parecer convincentes», estas tienen el objetivo de alargar la situación y dilatar la llegada de las medidas judiciales. Otros de los patrones que se repiten es pagar varios meses por adelantado para aparentar solvencia y ganarse la confianza del propietario; retrasarse a la hora de presentar la documentación solicitada por el casero; o incluso insistir en cerrar el contrato de forma verbal o no cambiar de titularidad los suministros.
Por tanto, si un propietario detecta que tiene un moroso profesional en su vivienda, lo primero será hablar con este para llegar a un acuerdo y, en caso de no producirse, se reclamará la deuda por escrito, bien a través de un burofax o un requerimiento notarial donde se exija el abono de las rentas pendientes de pago. Si sigue sin pagar, Alquiler Seguro explica que el arrendador deberá presentar una reclamación de la deuda por vía judicial «lo antes posible» y el inquilino no podrá paralizar el desahucio de la vivienda.
