El gobierno prorrogó estado de emergencia en Trujillo, Virú y Pataz, en la región La Libertad, donde no se ha logrado frenar las extorsiones, secuestros, asesinatos y sicariato. La medida fue extendida también a Mariscal Ramón Castilla y Putumayo (Loreto) que tienen casi dos años bajo este régimen excepcional, sin que se logre frenar los delitos.
La Presidencia del Consejo de Ministros emitió cuatro decretos supremos que fueron publicados ayer por el Diario Oficial El Peruano y hacen oficial la prórroga.
En las provincias de Trujillo, Virú y Pataz, el estado de emergencia se extenderá desde el 12 de agosto por un plazo de 30 días. En Trujillo y Pataz, esta medida se ejecutó desde febrero del 2024, aunque para este entonces las provincias de la región La Libertad ya acumulaban 14 meses de emergencia. En el caso de Virú, la medida recién entró en vigencia en julio.
La decisión de promulgar el estado de emergencia en estas provincias es por la ola criminal y las actividades de la minería ilegal.
Sin embargo, la criminalidad no ha cesado. La extorsión sigue siendo un delito frecuente en esa región. Las autoridades han logrado retener, solo en Virú, a 27 menores involucrados en este delito durante los últimos seis meses. Además, más de 40 menores han sido retenidos en toda la región de La Libertad por casos similares.
Otro caso excepcional es el de las provincias del Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, ubicadas en la región Loreto, y que se encuentran en estado de emergencia desde el 17 de febrero del año 2023.
Los ciudadanos se han visto afectados por la suspensión de derechos constitucionales por todo este tiempo, como la libertad de tránsito y de reunión pacífica.
Algunos expertos, como los exministros Wilfredo Pedraza, consideran la extensión de estas normas como medidas populistas.
