Los empresarios de muchos establecimientos de las playas italianas han protestado contra el Gobierno de Meloni , realizando un paro de dos horas, llamado la «huelga de las sombrillas», porque se ven obligados a renunciar a su muy lucrativo negocio. Sus contratos expiran a finales de 2024, y a partir de esa fecha las concesiones de playas deberían hacerse por subasta pública, según exige a Italia una directiva de la Unión Europea . Las sombrillas se abrieron a las 9.30 de la mañana, dos horas después del inicio habitual. Estuvieron cerradas en las horas de playa menos concurridas. La pequeña huelga ha tenido un valor simbólico. El sector se ha dividido. Dos asociaciones cerraron sus instalaciones para aumentar la presión sobre el Gobierno de Meloni. Otras decidieron no sumarse a la protesta «para no penalizar a miles de consumidores». Los concesionarios siempre se opusieron a la licitación de concesiones. Durante décadas, las concesiones de playas casi siempre se otorgaron automáticamente a los mismos propietarios, con alquileres muy bajos. Se trata de un método que viola una directiva europea de 2006, conocida como «directiva Bolkestein», que exige que todos los países miembros de la Unión Europea convoquen subastas públicas para las concesiones y abrir así el mercado a la competencia. Sin embargo, desde 2006 hasta hoy, los gobiernos italianos de diversas orientaciones políticas siempre han pospuesto la expiración de estas concesiones, por miedo a enemistarse con la categoría de los gestores de establecimientos balnearios, que constituye un lobby bastante influyente. La última prórroga fue la que propuso el actual gobierno de Giorgia Meloni, que con la ley de presupuesto aprobada en diciembre de 2022 extendió las concesiones hasta finales de 2024. En realidad, el Ejecutivo pretendió dar largas al problema, en un intento por cumplir esta promesa electoral: «Hermanos de Italia —dijo Meloni— seguirán luchando en el Parlamento y en todos los foros para defender el futuro de miles de empresas y trabajadores », en referencia a los concesionarios de las playas. El gobierno italiano incluso trazó los 7.900 kilómetros de costa de Italia en un intento de demostrar a Bruselas que había muchas playas libres y que no era necesario cancelar las concesiones existentes. La comisión rechazó la afirmación de Roma e instó al gobierno a seguir adelante con la reforma prometida. Además de las repetidas advertencias de la Unión Europea, también el Consejo de Estado (el máximo órgano de justicia administrativa de Italia) advirtió que el país no podía continuar con el actual sistema de concesiones de los establecimientos en las playas. Los municipios italianos, que históricamente otorgaron concesiones, están preparando cada uno sus propias licitaciones, así como redactando políticas de compensación para los empresarios que van a perder sus contratos . Hoy las asociaciones del sector pedían también que el Gobierno unificara los criterios para las concesiones y evitara que cada municipio actuara por su cuenta; es decir, se exigía una política nacional al respecto. El país transalpino, con la mayoría de las playas privadas, explotadas por pequeños y medianos empresarios, es caso único en Europa. La mayoría de las buenas playas italianas están ocupadas por establecimientos mediante concesiones del Estado o de los municipios. Los datos de algunas regiones son increíbles. En Liguria y Emilia-Romaña , donde están algunas de las playas más bellas de Italia, el 70% está ocupado por establecimientos privados; en Campania , el 67,7%; en la región de las Marcas, el 61,8%. En algunos lugares turísticos, como Forte dei Marmi, en la región de Toscana , se llega al 90% de playas en concesión a establecimientos privados. Sus propietarios se han transmitido de generación en generación las concesiones de tramos de playa pagando muy bajos alquileres. Para los concesionarios que explotan las playas, el negocio es redondo, pero el Estado percibe proporcionalmente una cantidad irrisoria. Así lo estima el Tribunal de Cuentas , cuyos datos indican que en el 2020 el Estado recaudó 92,5 millones por 12.166 concesiones «de uso turístico» para establecimientos balnearios, frente a una facturación difícil de estimar con precisión (el negocio «negro» también está muy presente), pero que en los últimos años ha sido cuantificada en 15.000 millones de euros anuales por Nomisma, una consultora de estrategia empresarial. El coste medio de una licencia por el alquiler anual del establecimiento en la playa es de 5.180 euros, pero más de la mitad de las concesiones pagaban una cifra inferior a 2.000 euros (la mediana era de 1.720). Un decreto de 2020 elevó la renta mínima a 2.500 euros para 2021, cifra que prácticamente se mantiene actualmente en la mayoría de las concesiones. En definitiva, ante una promesa electoral imposible de cumplir, Meloni tendrá que cumplir con la directiva europea, para evitar una fuerte multa de la UE.
