El Juez Llarena pide explicaciones a Interior y el PP la comparecencia de Marlaska
De nada sirve que el Ejecutivo se afane en descargar toda la responsabilidad de la huida de expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, sobre los Mossos y exclupe al Ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska de toda responsabilidad. Prueba de ello es que el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que instruye la causa del procés , ha pedido al Ministerio del Interior, además de a los Mossos d’Esquadra, que identifiquen a los responsables del operativo que pretendía detener al expresident de la Generalitat este jueves en virtud de la orden nacional de busca y captura que el magistrado mantiene vigente. Además, desde el PP tambiénhan pedido su comparecencia en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones.
No en vano, de la cartera que dirige Marlaska depende la seguridad de las fronteras nacionales. Sin embargo, desde el Ministerio del Interior no se dio a la Policía Nacional y a la Guardia Civil una orden específica para que establecieran, en el ámbito de sus competencias, ningún reforzamiento ni dispositivo adicional con el fin de detectar y detener (al existir la orden del Tribunal Supremo) al prófugo Carles Puigdemont, según ha podido saber LA RAZÓN.
Por lo tanto, por enésima vez desde su su nombramiento el 7 de junio de 2018, después de que la moción de censura contra Mariano Rajoy (PP) diera la presidencia del Gobierno a Pedro Sánchez (PSOE), Grande-Marlaska vuelve a estar en el ojo del huracán, pese a que no se haya pronunciado un día después del esperpento protagonizado por las fuerzas del orden.
El regreso y fuga del prófugo le vuelve a situar en el centro de la polémica. Durante los más de 2.000 días que lleva al frente de esta cartera son innumerables las polémicas que le achicharran de las que, todo sea dicho, siempre sale victorioso. Y es que muchas son también las crisis que ha eludido y sorteado, bajo el amparo y la indulgencia de Sánchez. A saber: la tragedia en Barbate; el cese arbitrario del coronel Pérez de los Cobos; el hacinamiento de inmigrantes en Barajas; la falta de previsión en el asalto a la valla de Melilla y la expulsión ilegal de menores; el uso de gases lacrimógenos en Ferraz... y así una larga lista de reproches y denuncias que caen en saco roto, una vez sí y otra también.
Ya el Defensor del Pueblo, en las primeras conclusiones de su investigación, consideró que no se respetaron las "garantías legales nacionales e internacionales" al rechazarse en la frontera a 470 personas. La falta de previsión y medios, denunciada por los agentes desde hace años, volvió a dejar en evidencia al ministro del Interior y al Ejecutivo de Sánchez, que se limitó a decir que el operativo policial estaba "bien resuelto".
En un primer momento, la Audiencia Nacional declaró «ilegal» este cese. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo dio después la razón a la Abogacía del Estado, al considerar que no hubo «desviación de poder» por deberse a una pérdida de confianza. Finalmente, el pasado 28 de marzo el Supremo dio la razón a Pérez de los Cobos, confirmando la primera sentencia dictada el 31 de marzo de 2021 por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 8 de la Audiencia Nacional.
Sin embargo, denunciaron que si bien desde la Delegación del Gobierno apenas tardaron "20 minutos" en decidir el uso de gases lacrimógenos frente a la sede del PSOE, cuando apenas había disturbios. Un extremo, este último, bastante inusual, ya que la orden llegó muy rápido y se suele tender a la espera. Tanto es así que, desde distintos sindicatos policiales evidenciaron la doble vara de medir del Ejecutivo cuando el dispositivo es en Cataluña. Así, recuerdan que en 2019 durante las masivas y violentas protestas por la celebración del juicio del "procés", este mismo Gobierno esperó seis días para utilizar medios coercitivos mayores, como las pelotas de goma o el gas.
El asesinato de los dos guardias civiles en Barbarte también le puso contra las cuerdas. No en vano, desde hace años los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil vienen denunciando de forma unánime la precaria y difícil situación que viven los agentes que trabajan en el Campo de Gibraltar. La tragedia ha vuelto a evidenciar la grave falta de medios técnicos y humanos, así como el abandono de Interior. Hay que recordar que Grande-Marlaska se ha negado en numerosas ocasiones a considerar el Campo de Gibraltar como Zona de Especial Singularidad, ya que esto supondría una inversión para aumentar los efectivos y los medios. Un hecho que el Ejecutivo no está dispuesto a asumir, más si cabe cuando, a su juicio, "es un lugar seguro".
