Hoy se pretende destruir la reputación del proceso de licenciamiento, convirtiéndolo en un “checklist” sin mayor importancia. Eso no solamente es injusto, sino que es directamente falso.
Entre todos los retrocesos institucionales causados por la dupla Ejecutivo/Legislativo, la muerte de la reforma universitaria es especialmente triste. Tras el esfuerzo enorme que tomó la aprobación de la Ley 30220, Ley Universitaria, que se logró tras confluir voluntades y apoyos, con el involucramiento de estudiantes y funcionarios. Hoy se pretende destruir la reputación del proceso de licenciamiento, convirtiéndolo en un “checklist” sin mayor importancia. Eso no solamente es injusto, sino que es directamente falso.
Comencemos diciendo que todo proceso es perfectible- especialmente en el sector público-, y este no es la excepción. Si bien el licenciamiento institucional pretende asegurar un piso mínimo de condiciones básicas de calidad (CBC), y no la excelencia en la oferta de carreras e instituciones, el procedimiento para obtener la licencia institucional ha sido un esfuerzo significativo y ha implicado un proceso de evaluación largo, exhaustivo e integral en el que han participado equipos multidisciplinarios tanto dentro de las universidades durante la preparación del expediente, como en la Sunedu.
Lo peor es que se ha decidido que las universidades obtengan licenciamiento una sola vez, y para siempre.
La nueva norma establece que haya supervisiones “periódicas inopinadas” de las CBC. Sin embargo, la naturaleza del proceso de licenciamiento requiere una pesquisa integral, no algo puntual y fortuito, para asegurar que no se juegue con el futuro de los jóvenes.
Esto representa un retroceso enorme, sobre todo considerando que Sineace, la entidad encargada de velar por la “excelencia”, ha otorgado acreditaciones a programas de universidades que luego no obtuvieron licenciamiento institucional por parte de Sunedu. ¿De qué excelencia estamos hablando?
Toca esperar a los instrumentos operativos que se establecerán para la supervisión del cumplimiento de las CBC. No son suficientes los informes anuales que presentan las universidades, ya que son documentos de parte; y la auditoría tiene un enfoque centrado en la buena salud de los recursos económicos. Una universidad es mucho más que eso.
Finalmente, la nueva norma establece que se pueda brindar educación superior 100% virtual, lo cual ocurre en muchos países, pero no tenemos un diagnóstico real de lo que se ofrece en Perú al respecto. La virtualidad está acá para quedarse y es cierto que es un canal adicional que incrementa el acceso, pero debe ser un acceso de calidad. Alguien tiene que asegurar esto, y le corresponde a la Sunedu, no a los lobbies de universidades que operan en la nube.
