El Gobierno nacional que preside Javier Milei se prepara para lanzar en los próximos meses la licitación internacional para la concesión del dragado y mantenimiento de la hidrovía, la importantísima vía navegable por la que se exportan millones de toneladas de granos y circulan miles de buques contenedores al año.
Así lo confirmaron a El Cronista tres funcionarios de la administración libertaria, que coinciden que este martes "se puso el primer ladrillo" para comenzar a impulsar la compulsa.
Y es que ese día se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 699/2024, que declara como servicio público el dragado, redragado, balizamiento, mantenimiento, señalización y control de las vías navegables de jurisdicción nacional. En ese mismo movimiento, se decidió la disolución total del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable.
Son dos decisiones que van en el mismo sentido. Por un lado, desde el Gobierno decidieron eliminar la ECOVINA por no haber cumplido con los objetivos que se propuso con su creación tres años atrás. "Sirvió como aguantadero político. No tenía estructura. Fue un engendro que armó la anterior gestión", agregaron. Sus funciones pasaron a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, a cargo de Iñaki Arreseygor.
El entonces presidente, Alberto Fernández, tenía la idea de armar una entidad que pudiera regular la actividad de las vías navegables y que estuviera conformada las siete provincias costeras. Incluso, la sede de la ECOVINA estaba emplazada en Rosario, Santa Fe. Su derogación generó quejas en dirigentes opositores de esa provincia. En su cuenta de X, el jefe de bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, expresó: "Enorme retroceso del federalismo".
El análisis es distinto en la Casa Rosada. "Alberto quiso imprimir esas ínfulas de La Moncloa y consensos a la hidrovía. Le pegamos un tiro a la ECOVINA porque no funcionó y siempre la prioridad sobre las decisiones la tuvo la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables", interpretan.
Esa disolución fue uno de los dos pasos que tomó el Gobierno en el Decreto publicado ayer. La declaración del dragado y otras funciones como servicio público tuvo una intención manifiesta: "Tiene un objetivo particular. Con eso equiparás las todas las condiciones tributarias y deja asentado para que, cuando haya un nuevo concesionario, conozca las condiciones fiscales", agregan fuentes gubernamentales.
Los funcionarios reconocen que ya se está diagramando el pliego que abra la licitación internacional. Se trata de un proceso que llevará algunos meses más y sobre ronda un debate sobre la conformación misma de la hidrovía. "Tenemos un modelo de dragado y de las logísticas que envejeció mucho. Sabemos que hay una discusión áspera hacia delante sobre cómo se tiene que encarar y que toca intereses por todos lados", reconocen.
En ese sentido, hay dos variables clave que condicionan el nuevo modelo. En primer lugar, todavía resta definir si la idea es hacer una vía navegable con mayor profundidad o más ancha. La primera beneficia a los buques típicos que transportan granos y otros productos primarios, algo que pujan las principales empresas exportadoras agropecuarias. La segunda configuración es la que desean quienes manejan buques de carga contenerizada.
La otra variable que define la ecuación económica del negocio a través de la hidrovía es cómo se diseña el peaje de los buques: si cobrarlo más al sur de lo que ya se hace en la actualidad o si hacerlo en base a los kilómetros recorridos dentro de la vía navegable.
"No hay absolutamente nada definido. Lo que sí sabemos es que cualquiera sea la decisión que se tome nos van a putear, porque siempre pasa eso", se sinceró una fuente de Gobierno en diálogo con El Cronista. De todas maneras, reconocen que ya se está confeccionando el borrador del pliego. Está confirmado que el plan es lanzar la licitación internacional este año y que el mantenimiento de la hidrovía será "a riesgo empresario".
Son pocas las compañías que cuentan con la infraestructura para realizar los dragados y el mantenimiento de las vías. La última licitación, hecha en 2022, la ganó la belga Jan de Nul, quien obtuvo un mayor puntaje en la fase técnica ante el Consorcio Uruguay Dragados y Rhode Nielsen. Aún no se sabe cuáles son las condiciones, pero el pliego está en responsabilidad casi exclusivamente de la Secretaría de Transporte, a cargo de Franco Mogetta.
"Si ganaban las elecciones del año pasado, desde otro espacio político ya tenían redactado el pliego antes de asumir", se animó a conjeturar una alta fuente de Casa Rosada. La acusación iba direccionada al macrismo. Desde el círculo de Milei dicen que desde ese sector hay un favoritismo por una reconocida compañía europea de ese rubro.
Consultados formalmente por este medio, desde el Gobierno descartaron tener una compañía predilecta o una consideración negativa sobre cualquiera de las posibles oferentes.
