El Consejo de Transporte Público (CTP) ordenó revisar todas las actuaciones del Departamento de Administración de Concesiones y Permisos como medida preventiva. La decisión se tomó luego de la captura de un trabajador de la entidad y cuatro policías de Tránsito vinculados con una investigación por fraude registral, legitimación de capitales y falsedad ideológica, caso judicialmente denominado Madre Patria.
La revisión fue solicitada a la Auditoría Interna que deberá rendir un informe enfocado en una reciente reorganización del Consejo, con la cual, aparentemente, se concentraron funciones en una dependencia a la que no se identifica.
No obstante, el acuerdo se dio tras la discusión relacionada con el funcionamiento del Departamento de Administración de Concesiones y Permisos, como consta en el acta de la sesión ordinaria 24-2024 del CTP celebrada el 4 de julio. Esa oficina se encarga de todo lo relacionado con autorizaciones para la operación de buses y taxis.
Sobre ese punto, se acordó que la Auditoría también rinda informes que haya elaborado sobre esa reorganización, en cuáles sesiones habrían sido presentados dichos informes y recopilar todos los documentos y antecedentes del indicado acuerdo de reorganización, incluidos los nombres de los funcionarios responsables y firmantes de los documentos que condujeron a dicho cambio en la estructura del Consejo.
El documento agrega que parte del acuerdo incluye valorar la reubicación temporal o permanente de funcionarios en otras áreas de la institución, o valorar si es necesario establecer traslados temporales para estos en otras instituciones del Ministerio o del Estado dentro del Régimen del Servicio Civil.
En el expediente 22-0050180042-PE del caso Madre Patria se menciona que la organización criminal objeto de la investigación tenía vínculos con funcionarios del CTP, quienes presuntamente recibían efectivo y otro tipo de dádivas a cambio de favorecer a ciertas compañías autobuseras, utilizadas como mampara para lavar dinero.
Entre otros beneficios, los miembros de la banda se garantizaban nuevas concesiones de rutas, agilizaban trámites, obtenían permisos y evitaban pagos.
El pasado 5 de julio, Mauricio Batalla, ministro de Obras Públicas y Transportes, confirmó que se investigaría al viceministro de Transporte y Seguridad Vial, Carlos Ávila, luego de que, al parecer, fuera mencionado en una conversación telefónica del grupo sospechoso en el caso Madre Patria.
(*) Noticia en desarrollo.
