El incremento del déficit será al menos en la magnitud que se tiene programada, por lo cual también se confirma la necesidad del esfuerzo para reducirlo.
Estamos a poco más de tres meses para que venza el plazo para la presentación del paquete económico para 2025, el cual deberá presentar la administración federal que encabece la presidenta electa Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre. Para esa fecha la Secretaría de Hacienda deberá preparar una estrategia que trasmita de forma creíble que se reducirá el déficit del sector público en cerca de tres puntos del PIB para el siguiente año.
El año pasado, cuando la administración saliente presentó el paquete económico para 2024 y comunicó un incremento histórico en el déficit público, esbozó una estrategia para reducirlo que consistía prácticamente de forma exclusiva en reducir el gasto público en su parte programable, esto es, excluyendo el costo financiero de la deuda pública, las participaciones federales a las entidades federativas y los adeudos de ejercicios fiscales previos.
Con el avance del déficit para este año reportado por la propia Secretaría de Hacienda al cierre de junio, resulta evidente que el incremento del déficit será al menos en la magnitud que se tiene programada, por lo cual también se confirma la necesidad del esfuerzo para reducirlo. El detalle está en que será la administración entrante la responsable de ejecutar una estrategia para reducirlo, lo que seguramente será a través de un mecanismo de consolidación fiscal que involucre un plan de varios años.
Hasta ahora, aunque diferentes voces en los equipos del gobierno saliente y la administración entrante han reafirmado la necesidad de cumplir con la reducción del déficit, se han esbozado algunas pistas de cómo se planteará: se ha sugerido que efectivamente sea una reducción paulatina, pero también que se logrará mediante una estrategia de eficiencias en recaudación que permita incrementar el nivel de los ingresos tributarios sin implementar una reforma fiscal más amplia.
Para evaluar si una estrategia basada en dichas eficiencias resultaría suficiente para el nivel de esfuerzo recaudatorio que se necesita, se puede evaluar el monto de las renuncias recaudatorias que tiene el marco tributario de nuestro país de acuerdo con la propia Secretaría de Hacienda. Esta estimación se publicó recientemente en el documento “Renuncias Recaudatorias 2024″, y contempla, según el propio documento, “los montos que deja de recaudar el erario federal por concepto de tasas diferenciadas, exenciones, subsidios y créditos fiscales, condonaciones, facilidades administrativas, estímulos fiscales, deducciones autorizadas, tratamientos y regímenes especiales, en los impuestos establecidos en las distintas leyes que en materia tributaria aplican a nivel federal”.
Asimismo, parafraseando el contenido del mismo documento, estos montos corresponden a los distintos tratamientos individuales de cada tipo de impuesto, pero no representan una estimación de la recaudación que se podría obtener de forma adicional si dichos tratamientos se eliminaran. La razón está en que cambios en los tratamientos de ciertos impuestos, especialmente IVA e ISR, sí tienen efectos en la recaudación de otros impuestos, además de que podrían incentivar cambios en el comportamiento de las personas contribuyentes, de ahí que esta estimación deba tomarse como una referencia.
El documento muestra que el tamaño de las renuncias recaudatorias, que incluye las de ISR, IVA, IEPS y estímulos fiscales, ascenderá este año a 4.2% del PIB. Esto quiere que decir que, si se lograra eliminar cualquier tipo de excepción que reduce la recaudación, el monto que se podría obtener es cercano a cuatro puntos del PIB, lo que nos da una idea del tamaño del esfuerzo que sería necesario para incrementar la recaudación en tres puntos del PIB, como requiere la estrategia de reducción del déficit para el próximo año.
Si hacemos un desglose de esta cifra, 1.2 puntos del PIB corresponden al ISR aplicable a empresas y personas físicas, 1.8 puntos al IVA, 0.03 puntos al IEPS e ISAN y 1.0% a los estímulos fiscales. Asimismo, entre las renuncias que corresponden al ISR, 0.2% del PIB se pierden en deducciones y diferimientos. Mientras que para las del ISR de personas físicas, 0.8% del PIB se explica por las exenciones que contempla la Ley del ISR.
Esto nos da una idea del alcance recaudatorio que podrían tener medidas administrativas sobre el cobro de impuestos al ingreso que se realiza actualmente, por lo cual el potencial incremental estaría en la posibilidad de gravar a nuevos contribuyentes, particularmente mediante estrategias que permitan reducir la evasión y elusión del ISR y el IVA. No obstante lo anterior, es poco probable que ese monto se acerque al nivel de esfuerzo requerido de tres puntos del PIB para implementar una estrategia creíble de consolidación fiscal.
El reto para los funcionarios de la Secretaría de Hacienda es enorme, especialmente por la necesidad de presentar una estrategia creíble. No olvidemos que estará en juego la calificación soberana y el nivel de riesgo país, pues ambos son termómetros que capturan las vulnerabilidades a las que están expuestas las finanzas públicas. Es indispensable cumplir con las expectativas, de otro modo el costo adicional sobre los intereses de la deuda podría incrementar y con ello observarse un deterioro en el acceso a los mercados internacionales de deuda tan pronto como el inicio del sexenio.
