Las próximas horas serán clave para la primera privatización de la presidencia de Javier Milei. Se trata de la compañía IMPSA, una metalúrgica con más de 100 años de historia, que supo exportar tecnología a decenas de países. En 2021 había sido estatizada, y hoy, tres años más tarde, volverá a manos del sector privado.
El proceso se inició a principios de julio con una propuesta de capitalización que presentó la compañía estadounidense ARC Energy, líder en el sector de equipamiento para oil & gas. El Gobierno le dio a la compañía un plazo de 30 días para que presente la oferta formal de capitalización. Ese plazo vence este sábado 10 de agosto.
Por lo que en las próximas horas la compañía podría hacer la propuesta al Gobierno. ¿Cómo seguiría todo? Luego, desde el 10 de agosto, y por 7 días, se hace pública la oferta y se inicia el plazo de mejoramiento, en el que durante los siguientes 60 días, otros posibles interesados podrían mejorar la oferta inicialmente presentada. Si durante esos dos meses no se presentaran nuevas ofertas, se inicia el proceso de capitalización privada.
Según pudo saber este diario de altas fuentes dentro de la empresa, de momento hay sólo una candidata interesada en adquirir IMPSA. "Si hubo consultas, de empresas de Chile y de España. Pero se les pidió presentación formal de interés y no lo hicieron", comentaron.
Desde ARC Energy ven en IMPSA una empresa clave, debido a que produce tecnología y equipamiento de generación hidroeléctrica, y hasta componentes nucleares. En un mundo que busca seguridad energética, y con Estados Unidos en la búsqueda de establecer cadenas de valor occidentales, a IMPSA se le podría abrir un mercado de exportación en Estados Unidos.
Además, en la compañía aseguran que cuenta con unos 700 trabajadores calificados, con un capital humano de "altísima formación".
El problema de IMPSA, compañía creada en 1907 por la familia Pescarmona, y que llegó a operar en más de 30 países, es que se encuentra sobre endeudada. Tiene pasivos por u$s 500 millones, que los compradores deberán salir a negociar con los acreedores.
"Esperemos que esto llegue a buen puerto", contó una alta fuente de la compañía. Hoy el 63,7% de las acciones son propiedad de un fondo fiduciario del Estado (el FONDEP), que controla la Secretaría de Industria, a cargo de Juan Pazo, la persona designada para monitorear este proceso. El 21,2% de las acciones pertenecen a Mendoza, y fuentes provinciales comentaron que todavía no está claro qué va a pasar con ese capítulo.
¿Cómo se transformó la empresa de más de 100 años de historia, de ser referente mundial en construir centrales hidroeléctricas o grúas portuarias a no poder prácticamente pagar los sueldos? Una alta fuente definió 3 grandes causas: una deuda que nunca pagó Venezuela por u$s 300 millones, malos negocios realizados con Brasil y falta de demanda en Argentina. Incluso, contratos que se le adjudicaron, como las represas de Santa Cruz, luego se dieron de baja, afirmaron.
"Fue una sumatoria de cosas, pero si se hubiera resuelto el tema con Venezuela, la empresa hubiera seguido en marcha", contaron.
Ante la consulta de si la capitalización es una buena noticia, una fuente oficial afirmó: "Es una buena oportunidad porque hoy hay que inyectarle muchísimo capital para que se puedan ejecutar los contratos en marcha. No hay capital de trabajo y si no se capitaliza, corremos el riesgo que esos contratos se caigan". Además, afirman que los compradores podrían abrir todo un mercado de exportación en Estados Unidos.
