Consultor y director de Trade & Access Consulting.
México tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) vigente desde el 1 de julio del año 2000. Fue el primero que la UE negoció con un país de este continente; es por ello que es urgente su modernización, la cual se empezó a discutir desde los inicios de la administración del expresidente Peña Nieto.
Ambas partes tendrán gobiernos renovados en el poder a partir de octubre de este año y hay optimismo que esta situación ayudará a los esfuerzos para concretar el acuerdo. Hay que recordar que el excanciller Marcelo Ebrard y futuro secretario de Economía no solo conoce perfectamente la problemática que llevó al impasse actual, sino que también sabe de la importancia que un acuerdo actualizado con la UE representa para México a la luz de la revisión del T-MEC prevista en el 2026.
Tales son las expectativas que hace unos días se anunció la creación de la Cámara de Comercio México-Unión Europea. Este organismo busca agrupar empresas europeas y mexicanas buscando mejorar la relación comercial y apoyar los esfuerzos de diplomacia comercial por el bien de ambas regiones.
Sin embargo, hay algunas voces que han alertado sobre la incompatibilidad de la reforma al Poder Judicial que el Poder Ejecutivo propuso con los compromisos de México en sus acuerdos comerciales, particularmente en el T-MEC. En esta ocasión, elaboraré sobre dicha propuesta de reforma que podría convertirse en un nuevo obstáculo para alcanzar la modernización del acuerdo entre México y la UE.
Los líderes de la UE han sido particularmente críticos con el actuar del primer ministro de Hungría desde 2010, Viktor Orbán, por lo que consideran el debilitamiento de la democracia desde el poder por ideas “euroescépticas” al afectar, por ejemplo, la independencia de los jueces. Esto le ha costado a Hungría, quien ostenta la presidencia del Consejo Europeo hasta el 31 de diciembre de este año, el que le corten fondos europeos a los que Hungría tiene derecho. Este hecho es una prueba fehaciente de que las instituciones europeas toman muy en serio la independencia del Poder Judicial, tanto dentro de sus fronteras como con sus socios comerciales, sobre todo si esto hace parte de los compromisos en acuerdos comerciales.
He escuchado con atención los argumentos de excolegas, cuya opinión va en la dirección de que México incurriría en violar los estatutos del T-MEC si la reforma judicial ve la luz. Este tipo de compromisos de transparencia, publicación y derecho al debido proceso se encuentran en prácticamente todos los acuerdos comerciales de México, incluyendo el acuerdo con Europa. Sin embargo, los que opinan que la manera en que se elegirán a los jueces en México automáticamente no garantiza su imparcialidad, y por ende, que los afectados quedarán indefensos ante jueces que privilegiarán al Estado por encima del derecho, están haciendo juicios antes de que operen las modificaciones propuestas si éstas fueran aprobadas. Desde mi punto de vista, sería muy poco probable que un socio comercial, sea la UE o EU, lleve a México a un proceso de solución de controversias por estas presunciones. En caso de que no se garantice la imparcialidad de los jueces, sea cual sea el método para nombrar los jueces, entonces sí estaríamos en un escenario de falta de observancia por parte de México a disposiciones en el capítulo de Transparencia de los acuerdos comerciales. Sin embargo, nadie puede asegurar en este momento que la reforma llevará a México hacia ese punto, más allá de especulaciones.
